La Confederación Hidrográfica del Segura informa que continúa abierto el plazo de consulta pública para la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) en la Demarcación del Segura para el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. El documento fue publicado el pasado 2 de septiembre en el BOE. Los interesados podrán realizar las observaciones oportunas durante los tres meses siguientes a su publicación a través del BOE.

La redacción del ERPI lo formaliza la CHS en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado y otros órganos competentes de las administraciones autonómicas.

El Organismo de Cuenca ha determinado diez nuevas zonas en su estudio preliminar susceptibles de formar parte de las áreas de riesgo potencial de inundaciones.

A su vez, otro de los trabajos realizados dentro de esta revisión de la EPRI ha consistido en la actualización del trazado en planta de los 153 tramos ARPSI identificados en el 2.° ciclo, de esta manera, la CHS ha conseguido adaptarlos a la realidad del territorio.

Para ello se han tomado como referencia la red hidrográfica oficial (IGR-IGN) de la Demarcación y sus mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. También han tenido en cuenta las delimitaciones de dominio público hidráulico y zonas de flujo preferente. Como consecuencia, se han modificado la longitud de parte de los tramos.

El Real Decreto 903/2010 indica, en su artículo 21, que la evaluación preliminar del riesgo de inundación se actualizará a más tardar el 22 de diciembre de 2018, y a continuación cada seis años.

De este modo, la CHS lleva a cabo lo determinado en el citado Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone a la legislación española la Directiva 2007/60/CE.

La CHS recuerda que el documento preliminar se encuentra disponible para su consulta pública en la página web de la propia Confederación Hidrográfica del Segura.

Finalmente, las partes interesadas tiene un plazo de tres meses, desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para presentar las observaciones que consideren.