El Pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde a la iniciativa de VOX para que el Consejo de Gobierno impulse las medidas que recoge el Pacto Murciano por la Caza, una moción que ha defendido Pascual Salvador Hernández, diputado regional de la formación de Abascal.

Salvador Hernández ha asegurado que "hoy se ha comprobado que VOX cumple su palabra y es el único partido político que apoya y defiende la caza en la Región de Murcia. Por desgracia, hemos visto cómo el Partido Socialista ha engañado a sus ciudadanos porque lo que promete en campaña nunca lo cumple".

El parlamentario ha expresado su firme apoyo al sector cinegético en la Región de Murcia, destacando su importancia económica, social y medioambiental. "La caza moviliza cerca de 4 millones de personas en el mundo rural español y genera más de 6.500 millones de euros anuales, además de cerca de 200.000 empleos en España", ha señalado.

En la Región de Murcia, con más de 19.000 licencias de caza anuales, 1.200 cotos, cerca de 700.000 hectáreas, más de 8.000 socios y más de 110 sociedades y clubes, la caza es una actividad profundamente arraigada en la vida rural. "No existe un solo municipio en la Región de Murcia que no cuente con, al menos, una sociedad de cazadores", ha afirmado.

Salvador Hernández ha criticado la "corriente de intolerancia y persecución ideológica" hacia la caza, argumentando que tales actitudes no consideran las consecuencias económicas, sociales y medioambientales, y son defendidas por "intereses minoritarios" que ejercen una gran presión en la toma de decisiones. "Esto también va de defender al medio rural", ha subrayado.

El diputado ha destacado el papel de la caza junto con la agricultura, la ganadería y las tradiciones en la preservación del mundo rural, señalando que "sin lo uno, no hay lo otro". Además, ha defendido la caza como una tradición saludable y sostenible, subrayando que los cazadores invierten en la conservación de especies cinegéticas y no cinegéticas, como la recuperación del lince en colaboración con la Federación de Caza de la Región de Murcia.

A renglón seguido, Salvador Hernández también ha cuestionado a aquellos que critican la caza sin involucrarse activamente en la conservación de la fauna. "Nunca he visto a uno de estos 'odiadores profesionales de la caza' instalar bebederos para los animales o alimentarlos cuando es necesario".

En el ámbito legislativo, ha enfatizado la necesidad de actualizar la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, criticando la falta de desarrollo reglamentario en 20 años y la necesidad de una reforma para mejorar la gestión de las especies cinegéticas, la incorporación de jóvenes y la modificación de las sanciones. Asimismo, ha solicitado un presupuesto específico para la actividad cinegética, separándola de la pesca fluvial, y estudios científicos para una adecuada gestión de especies como la tórtola y la práctica del silvestrismo.

El parlamentario ha mostrado su preocupación por la nueva ley animalista europea que se está preparando y que será un tema crucial en las elecciones europeas del 9 de junio. "Nos jugamos mucho en las elecciones europeas con la nueva ley animalista europea que se está preparando para modificar las normas del transporte y la trazabilidad de los perros, sin tener en cuenta las particularidades de la rehala, el equipo de perros utilizado para la caza de montería, lo que la hace inviable, tanto desde el punto de vista logístico como económico".

En cuanto a la protección de la identidad de la caza, ha resaltado el vínculo histórico entre los cazadores y sus animales, instando a una legislación adecuada que contemple estas particularidades. Además, ha abogado por la promoción de las sociedades de cazadores y la reducción de tasas de matrículas y licencias de cotos para fomentar la inclusión y accesibilidad.

Finalmente, Salvador Hernández ha criticado la prohibición de la caza del arruí en la Reserva de Caza de Sierra Espuña y el exterminio masivo de esta especie, destacando la necesidad de una gestión reglada y sostenible que podría generar ingresos a la Comunidad Autónoma.