El diputado regional de VOX en la Asamblea Regional, Alberto Garre, ha asegurado que "¿por qué no destinar 100.000 euros a defender la Constitución que tanto ha hecho por nosotros y ahora otros quieren enterrarla?". Son palabras que ha pronunciado con motivo de la comparecencia en la Asamblea Regional del vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, que ha presentado las cuentas de su departamento.
Alberto Garre, ha aseverado que "nosotros creemos que este proyecto es acertado con los objetivos y, sin embargo, esta constreñido por el modelo de financiación autonómica establecido por el Gobierno presidido por Zapatero en 2009".
"Este no es el proyecto de un gobierno monocolor, tampoco de un gobierno Frankenstein trufado de colaboradores separatistas, secesionistas y prófugos de la justicia" ha afirmado Garre, y añade: "Es un proyecto nacido de un pacto de gobierno entre PP y VOX, que conlleva un pacto presupuestario cuyo incumplimiento podría dar al traste con el propio gobierno ante la ausencia de mayorías parlamentarias, lo que ambos partidos deben evitar para cumplimentar la petición del pueblo soberano que ni PP ni VOX deben defraudar", ha afirmado Garre.
A renglón seguido, el parlamentario autonómico ha destacado que "este proyecto consiste en que, precisamente, la ausencia de mayorías parlamentarias haya provocado un debate presupuestario presidido por la humildad del Gobierno, abandonando la soberbia de otros tiempos y el rigor de fondo, unido a la moderación en las formas de los grupos de la oposición".
Cabe destacar en este presupuesto la dotación de medios humanos y materiales con destino a Seguridad y Emergencias, con una dotación económica de casi 58 millones de euros (el 83% del presupuesto). "Estas cuentas llevaban más de 15 años de consecutivos recortes que en la actual situación de inseguridad que percibe la sociedad y los desastres próximos pasados de riadas intermitentes, sacan a la luz la desidia del gobierno en esta materia", ha manifestado.
"El estudio y elaboración de una nueva Ley del Suelo y 1.155.000 euros para dotar de personal y medios para combatir los más de 8.000 procedimientos sin resolver en la administración, dejan la huella de un aparato administrativo lento, desidioso y amparado en un silencio negativo que hay que revertir desde ya en positivo", ha concluido.