El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia (CGS) ha presentado hoy un primer Estudio que denuncia las pérdidas por valor de 7.216.776 de euros asumidos por los profesionales dad la mala gestión de la Administración de Justicia, Seguridad Social, etc. Esta es la consecuencia de asumir las funciones transferidas obligatoriamente a los despachos de los expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social sin compensación económica alguna.

Los graduados sociales están ejerciendo una actividad laboral no remunerada propia de las Administraciones que les causa un gasto millonario a su cuenta, horas pérdidas y contratación de personal para gestiones que deberían ser asumidos por la parte pública.

El decano, Alfonso Hernández Quereda afirma que " las pérdidas que superan los siete millones son repercutidas a los despachos profesionales al tener que ejecutar funciones que se incrementan cada año desde las administraciones públicas y bajo la amenaza de sanción".

Cálculo de las perdidas directas

El máximo representante del CGS explica que las pérdidas millonarias se calculan en base a que "el 25% de la jornada laboral diaria se dedica a realizar tareas que debería hacer la Administración. Cada despacho destina una media de 1,5 personas para las tareas de las administraciones públicas. El coste de una hora de trabajo es de 18,06€, teniendo en cuenta salarios de convenio colectivo".

Para cerrar la ecuación, el decano añade que "hay 600 despachos en la Región de Murcia, que dedican 666 horas de trabajo pérdidas por despacho y año a tareas que son propias de las administraciones públicas. La consecuencia es que generan pérdidas de 12.027,96 € anuales por despacho".

Trasferir responsabilidades sin compensación alguna

La ineficiencia en la comunicación con la administración se ejemplifica en dos tareas que le son propias y que han sido transferidas a los graduados sociales sin que se puedan monetarizar de ninguna manera:

Los graduados sociales aportan el 100% de los datos de los autónomos para cálculo nueva cuota

Están obligados a mecanizar datos que la Administración posee. Como consecuencia, dedican recurso humanos que deberían ir a cargo de los servicios públicos.

Desde el Colegio profesional se estima que hay un exceso de notificaciones y no regulación de plazos administrativos.

Hay un incremento de notificaciones que exigen atención y gestión, por lo tanto, gasto. En caso contrario, acaban llegando las sanciones

Plazos breves y computados en días naturales, lo que somete a estrés laboral a los trabajadores de los despachos.

Todos esto, genera una No desconexión digital y una No conciliación de vida laboral y familiar que nadie compensa