La Comunidad Autónoma pone en marcha, a partir de mañana, distintos buzones internos en la Administración regional a través de los que se podrá alertar o informar de infracciones de las que tenga conocimiento un empleado o persona relacionadas con la Administración dentro de su ámbito laboral o profesional. De esta forma, se cumple con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Para ello, la Inspección General de Servicios (IGS), dependiente de la consejería de Transparencia, Participación y Cooperación, elaboró un protocolo de actuación para la gestión y tramitación de las informaciones recibidas a través de los citados canales internos, que fue aprobado por Consejo de Gobierno junto al propio sistema interno de información, para proteger la identidad del denunciante y salvaguardar su anonimato en caso de que así lo desee.

El sistema comprende el cauce o buzón de comunicaciones internas, el responsable del sistema y el procedimiento de gestión de informaciones recibidas. El citado procedimiento para la gestión de las informaciones está compuesto de cuatro fases: la recepción y el registro de la información, la admisión, la instrucción y la terminación de las actuaciones. El sistema, de uso fácil y accesible a todas las personas, garantiza la confidencialidad y protección de quienes lo utilicen, permitiendo la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas.

Las personas que hagan uso de los buzones han de tener indicios razonables o suficientes sobre la certeza de la información que comuniquen, no pudiendo formularse comunicaciones genéricas, de mala fe o con abuso de derecho. El acceso a los distintos buzones estará visible en la página web de la Comunidad.

Además, para informar de la puesta en marcha del sistema, se ha elaborado una guía explicativa de uso donde se informa sobre la finalidad del buzón, qué tipo de infracciones se pueden comunicar a través de él, cómo hacerlo, cómo se garantiza el anonimato de las comunicaciones presentadas o sobre los derechos de los informantes, entre otros aspectos.