Ayudas directas, bonificaciones fiscales en Estimación Directa del IRPF, exenciones en las tarifas de riego y de la Seguridad Social, autorización de riegos de socorro y flexibilización de la PAC son, entre otras, medidas que debe aprobar el Gobierno.

Ante el anuncio de un Consejo de Ministros Extraordinario mañana para adoptar medidas para paliar los efectos de la sequía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) reclama al gobierno que las decisiones que adopte respondan a las propuestas y planteamientos realizados en la Mesa de la sequía y la interlocución mantenida con el Ministerio de Agricultura.

UPA ha venido insistiendo en que ante la gravedad de los efectos de la sequía en plantaciones y cultivos y en las explotaciones ganaderas, es imprescindible movilizar y comprometer recursos económicos por parte del presupuesto europeo, nacional y autonómico para que las medidas supongan un apoyo significativo, especialmente para el colectivo de explotaciones familiares.

En la Región de Murcia, los cultivos herbáceos de secano se dan completamente por perdidos, y los daños son catastróficos en la producción de almendro, incluso con plantaciones en riesgo de perderse; y estando muy amenazados en función de la evolución de las precipitaciones las producciones de los olivos y viñas. Igualmente, la ganadería extensiva y semi-extensiva acumula incrementos de gastos inasumibles en alimentación, debido a la ausencia de pastos y la escasez de paja para forraje, situación que se extiende también a la ganadería intensiva, especialmente en los rumiantes.

A falta de conocer con detalle lo que apruebe mañana el Consejo de Ministros, el Secretario General de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, reclama que "las medidas que se aprueben deben dar respuesta a las propuestas que hemos venido realizando en la mesa de la sequía y en la interlocución mantenida con el Ministerio de Agricultura" y deben incluir por tanto ayudas directas, bonificaciones fiscales en Estimación Directa del IRPF, exenciones en las tarifas de riego y de la Seguridad Social, autorización de riegos de socorro y flexibilización de la PAC.