La Comunidad defiende que el anteproyecto de ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, cuente con una memoria económica para financiar el sustancial incremento de gasto que generará, según reclamó hoy el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el secretario de estado de Educación, José Manuel Bar.

Marín explicó que "esta ley, que plantea para las enseñanzas artísticas superiores un escenario más vinculado a las enseñanzas universitarias, carece de precisión y claridad sobre algunas cuestiones fundamentales para los centros de educación artísticos como son la estimación económica y la inexistencia de un calendario de aplicación".

El consejero indicó que "debería recogerse el compromiso, por parte del Ministerio, de asumir los gastos derivados de la aplicación de esta ley que contempla, entre otras cosas, conversiones laborales".

El anteproyecto recoge la necesidad de que se contemple en la ley el tratamiento de la diversidad, aportación realizada por la Región de Murcia, pero debería incluir también "un cupo para alumnos con discapacidad al igual que es necesario en el acceso a los estudios universitarios".

Entre las alegaciones a esta ley aportadas por el Gobierno regional se encuentra que estos alumnos de Educación Superior tengan los mismos derechos y deberes que están establecidos para los alumnos universitarios, con un tratamiento igualitario en cuanto a becas, servicios de comedor, transporte, movilidad, servicios ofertados y participación en la vida académica; y que se reconozca el derecho de reserva de plaza en el acceso a la Universidad de los estudiantes de enseñanzas profesionales de Música y Danza, como sucede con los deportistas de alto rendimiento.

En cuanto al profesorado, el consejero solicitó que se concreten las nuevas figuras que crea la ley como profesorado emérito, profesorado especialista de nacionalidad extranjera y profesorado visitante, "que no se ajustan al régimen jurídico que prevé la normativa laboral, ni a lo establecido en el estatuto básico del empleado público, sino más bien al ámbito universitario", apuntó Marín. "Estos cuerpos podrán solicitar su integración, y consideramos que se debería establecer un calendario razonable para evitar situaciones laborales confusas", comentó.