La Federación de Enseñanza de CCOO en la Región se ha manifestado, junto con el alumnado de la Universidad de Murcia, en contra de los recortes de plantilla que, a juicio del sindicato, suponen una precarización de la docencia universitaria pública.
CCOO estudia plantear una impugnación del acuerdo por considerar que vulnera los derechos sindicales, ya que se ha obviado la obligación de negociar con los representantes legales de la plantilla cualquier modificación de sus condiciones de trabajo.
CCOO Enseñanza se ha sumado esta mañana a la concentración convocada por el Consejo de Estudiantes de la UMU en defensa de la calidad docente en la Universidad Pública.
El Consejo de Gobierno de la UMU ha aprobado finalmente, a pesar de la oposición manifestada por la totalidad de los sindicatos, los puntos relativos a la oferta de plazas y al tamaño de los grupos que, según explica CCOO, supone un considerable recorte en la plantilla del profesorado laboral asociado, que se encuentra en torno al 40% del colectivo docente.
Así mismo, CCOO también se opone al aumento del tamaño de los grupos, que pasan de 60 a una horquilla de entre 80 y 100 personas para las clases magistrales. La supuesta "optimización de recursos" conlleva también, entre otras consecuencias, la ampliación de las ratios para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Para CCOO una de las bases de la cohesión social se establece en el acceso a una educación pública y de calidad que, con estas medidas, se desvía, una vez más, al ámbito privado porque dificulta el acceso al recortar los cupos de alumnado. Especialmente doliente es el caso de titulaciones como el grado de Enseñanza primaria, con una amplia demanda que cada curso deja fuera a un número considerable de aspirantes.
CCOO no comprende este ahorro de costes de profesorado cuando la UMU destaca ya por ser una de las universidades públicas españolas con peor financiación por estudiante. Que la respuesta del rectorado a la situación económica de la UMU sea reducir cupos y, de paso, profesorado solo denota que el equipo rectoral se pliega a las políticas privatizadoras del Gobierno Regional en vez de apoyar a la comunidad educativa en defensa de la Universidad Pública.