CCOO considera que el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado restringe derechos al personal público y lamenta la falta de avances en la negociación.

El sindicato considera imprescindible establecer garantías en materia de movilidad, carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.

CCOO destaca el carácter esencial del servicio público que se presta en la Administración General del Estado y advierte de las dramáticas consecuencias que puede tener para la ciudadanía el recorte de derechos del personal que pone en marcha las políticas públicas y sociales del Gobierno.

El Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado se aprobó por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Desde ese momento, CCOO inició un proceso de negociación que ha llevado a aportar 250 mejoras al texto, con casi 90 artículos modificados o añadidos. Entre los cambios más importantes, se introduce un capítulo sobre derechos y deberes, la eliminación del carácter sancionador de la evaluación del desempeño, el reconocimiento de la carrera profesional o la necesidad de negociar la planificación estratégica y el desarrollo reglamentario que la norma requiere.

El sindicato insta al Gobierno a introducir modificaciones profundas que conduzcan a una modernización de la Administración General del Estado, y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1967 y 1984 a las que debe sustituir. CCOO concluye advirtiendo que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.

Por todo ello el día 20 de febrero CCOO se ha concentrado a las 12:00 horas frente a la Delegación de Gobierno de Murcia.