La federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el cálculo para descontar las horas de huelga correspondientes a los paros de noviembre se está haciendo, no con respecto a la jornada total de trabajo del profesorado, sino con respecto a su horario de permanencia en el centro.

CCOO considera que la fórmula de cálculo de las horas es una acción punitiva contra las y los huelguistas que busca desincentivar las protestas.

El sindicato lanzará una campaña jurídica para que su afiliación pueda reclamar que se le descuente correctamente.

CCOO Enseñanza denuncia que la Consejería de Educación ha hecho un descuento abusivo de las jornadas de huelga parcial de los días 17 y 24 de noviembre. La administración no ha descontado a los docentes haciendo el cálculo sobre su jornada laboral total de 37,5 horas semanales, sino sobre su horario de permanencia en el centro que es de 31 horas semanales. Con ello las cuantías descontadas son considerablemente superiores a lo que deberían ser.

El sindicato considera que este modo absolutamente arbitrario de computar el descuento por las jornadas de huelga no tiene más razón de ser que castigar a las y los docentes que secundaron los paros de esos días con el fin de desincentivar la protesta contra las políticas de recortes. Este ejercicio irracional de autoritarismo punitivo se suma a los servicios mínimos abusivos que la Consejería impuso a la jornada de huelga del 17 y que conseguimos tumbar en los tribunales.

La organización sindical lamenta el recurrente menosprecio de la Consejería de Educación hacia el trabajo del profesorado pues con esta actitud demuestran la escasa importancia que le otorgan al valiosísimo trabajo de preparación de clases y corrección de tareas que hacen las y los docentes fuera de su horario de permanencia en el centro.

CCOO comenzará una campaña jurídica de recursos individuales para que sus afiliados reclamen que se le descuenten las cuantías correctas. Así mismo anima a su afiliación a realizar esa reclamación, no sólo por la cuantía económica, sino como un ejercicio de defensa del derecho a la huelga ante una administración que se empeña en obstaculizar y desincentivar las legítimas protestas de sus trabajadoras y trabajadores.