Una vez, y con plena conciencia de su ilegalidad, la Administración regional ha dictado, e impuesto, unos servicios mínimos tan abusivos que en algunos centros educativos afectan hasta al 70% de la plantilla ordinaria.

Para CCOO Enseñanza los servicios decretados por la Comunidad Autónoma para las huelgas docentes del 17 y 24 de este mes no hacen sino constatar el absoluto desdén de este Ejecutivo por los derechos laborales de las personas trabajadoras.

En la huelga de enseñanza convocada en septiembre de 2020, el Gobierno regional ya decretó unos servicios mínimos abusivos que terminaron con una sentencia condenatoria por parte de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ.

Para CCOO la Consejería de Educación juega, con plena conciencia de la ilicitud de su conducta, con los tiempos. Los servicios mínimos establecidos en septiembre de 2020 fueron declarados ilegales en junio de 2021. La condena no tuvo otra consecuencia que dejar establecida la ilegalidad cometida.

En noviembre de 2022 vuelven a hacer lo mismo sabiendo que con ello obstaculizan y dificultan el ejercicio de un derecho fundamental y que su conducta es ilegal, pero saben que para cuando esto quede judicialmente establecido el perjuicio buscado estará consumado y que no les ocurrirá nada. Este comportamiento reincidente y contumaz de la Consejería de Educación pone de manifiesto la deriva antidemocrática de ésta y del conjunto del Gobierno regional.

CCOO Enseñanza llama al profesorado a no dejarse amilanar por estos comportamientos tan contrarios a los valores -respeto, diálogo, democracia- que a diario tratamos de transmitir al alumnado y a convertir ambas fechas (17 y 24 de noviembre) en hitos reivindicativos en defensa de los derechos laborales, la calidad educativa y la dignidad de la escuela pública.