El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, "aporta anualmente al gasto de dependencia un total de 250 millones de euros, mientras que el compromiso del Gobierno Central se reduce a 14 millones de euros del Plan de Choque", informó la secretaria general de la Consejería, Raquel Cancela, quien explicó que "a día de hoy, la Región continúa aportando el 80 por ciento de la financiación de la dependencia, y no el 50-50 como está establecido en la propia Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Más concretamente, el gasto medio que realiza el Estado por cada persona dependiente ha pasado de un 19,14 por ciento en 2015 a un 17,06 por ciento en 2021. Mientras que la Comunidad en ese período ha subido en un 41 por ciento, esto es, más de 1.000 euros por persona y año".
La secretaria general estimó que "desde el año 2014 son 1.400 millones de euros los que la Comunidad no ha recibido y viene afrontando con fondos propios". De haber contado con ese presupuesto, aclaró, "se podrían haber creado y mantenido un total de 2.200 plazas en residencias de personas mayores, 1.200 plazas en centros de día para personas mayores, 2.600 plazas en residencias de personas con discapacidad, 1.500 plazas en centros de día para personas con discapacidad y 880 SEPAP. Una suma de casi 9.000 servicios", puntualizó.
"Somos conscientes de que las personas dependientes necesitan más, pero vamos avanzando, reduciendo, por ejemplo, el tiempo de tramitación de las listas de espera en casi 80 días, tal y como exponen los datos publicados del Imserso, o destinando más de 9 millones de euros para el concierto social de un total de 226 plazas residenciales y 57 plazas de centro de día para personas mayores", explicó Raquel Cancela, quién se reunión esta misma mañana con los sindicatos UGT y CCOO, para conocer sus demandas y recibir sus aportaciones.
Hacia un modelo de cuidados de larga duración
En la Consejería se está trabajando el decreto que regulará las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales y los centros de día para personas mayores de titularidad pública o privada de la Región, con el objetivo de adaptarlo a lo que necesitan. "La implicación en el mismo, por parte del IMAS y de las asociaciones de residencias y con los centros de día, está siendo fundamental para alcanzar un modelo de consenso, donde el acuerdo demuestre que nuestra prioridad son los usuarios", dijo Cancela.
Asimismo, la Comisión de Coordinación Sociosanitaria, creada para abordar la atención que reciben mayores y personas con otras capacidades en centros residenciales, continúa avanzando en el Plan cuyo último borrador se encuentra en fase de revisión. Se trata de una Comisión que nació con la intención de aprender las lecciones de la pandemia, y que cuenta entre sus objetivos con la gestión de datos, la simplificación de los procedimientos, o el seguimiento de resultados, para mejorar con ello la atención a los usuarios. Unificar todas las bases de datos con las que trabaja la Administración, para que todos los profesionales sociosanitarios puedan consultarlo, tomando como base la plataforma Sansonet.