Desde la Secretaría Nacional de Formación, Estudios y Programas de Valores, ante la reiterada insistencia en desear ladear "el mundo de la conciencia" en los temas sanitarios y en el resto de asuntos públicos de nuestra población, bajo una Democracia Totalitaria, deseamos hacer llegar a la esfera pública nuestra más enérgica repulsa y nuestra valoración.
Opinamos que el Bien Común es muy anterior a las leyes. La vida de todos y de cada uno, es el bien común, evidentemente. Los seres humanos, además de esófago y pulmones, tenemos conciencia y ésta es una función vital.
Quien legisla contra la conciencia, lo hace contra el bien común. Sabemos bien lo que ha sido hasta ahora un partido político y cómo, casi sin excepción, todos los diputados han votado lo que ha dicho el jefe de filas y en último término el presidente del Gobierno. A eso se reduce su libertad de conciencia. Las leyes, pues, son la voluntad del Jefe del Gobierno, exclusivamente. Los demás muestran su aquiescencia.
La buena marcha de la economía, la eficiencia del sistema educativo, seguridad pública, derechos de los trabajadores, empleo, son absolutamente anteriores a las leyes. ¿Cómo nadie sensato puede afirmar que el empleo es "el que digan las leyes", ¿Cómo cabe pensar que mi salud y las de los demás, es lo que diga un Ministro o un Parlamento? ¿Cómo se atreve nadie a decir que la educación de mis hijos y lo que está bien o mal, justo e injusto, depende de lo que diga un jefe de filas en el Congreso?
Aparte de tales leyes, de tales razones, tenemos las comunitarias, las Declaraciones de las Naciones Unidas, a las que el Estado español se ha comprometido a cumplir. Ellas hablan explícitamente, del derecho de la familia, "célula fundamental de la sociedad", de la libertad de conciencia y su manifestación pública, de la objeción de conciencia y un largo etc. ¿Por qué, entonces, en asuntos puntuales se reclama el cumplimiento de la legalidad internacional y en cuestiones esenciales de vida o muerte, se está a "lo que diga el jefe de Gobierno de turno?"
Cuando la conciencia social de la ciudadanía es declarada irrelevante, se está proponiendo que los Gobiernos obren sin conciencia, las leyes no tengan conciencia y por lo tanto, sin conciencia alguna. La consecuencia social es la sensación colectiva de que todo vale. Ésta y no otra, es la razón de una cadena de fracasos vitales: incremento de suicidios en la juventud española, puesto que no existen límites, no hay referente, no vale la pena vivir. También, el incremento de abortos, de la inseguridad pública, el fracaso escolar, la desestructuración de las familias y la ridiculización de lo religioso. Si todo vale, nada tiene ningún valor, incluso el propio Gobierno.
Nos preguntamos ¿qué más da verdugo que víctima, muerto que vivo, estúpido que sabio? Si todo vale, la inseguridad es total. ¿Por qué me debo fiar de nadie? No tenemos motivos porque la conciencia privada se ha declarado irrelevante y, cuando dicha conciencia es declarada así, irrelevante, sólo es pertinente la alimentación, el estómago y la misma televisión. Nadie puede obrar en conciencia pues ya no queda.
¿Es posible que no entiendan que están deshaciendo el tejido social? Algunos piensan que sí. Una buena solución: "devolver a la conciencia privada el lugar que no puede ocupar el Estado". Percatarse de que no es posible ser buen ciudadano si antes no se es una buena persona , si es el Estado el que determina quién es y quien no es persona.