El consejero Díez de Revenga da nuevas pruebas de estulticia al presentar el dictamen de la ley anti ocupación, con la adhesión inquebrantable de su grupo, los tránsfugas y los ultras de la Asamblea Regional al hecho de tratar de aprobar una ley, tan innecesaria como estúpida.

Como prueba de lo innecesario de esta ley, basta señalar que, de los 2.239 desahucios ejecutados en la región en 2021, el CGPJ sólo incluye 87 en el apartado de otros, que incluye no sólo los derivados de ocupación, sino también los que son consecuencia, por ejemplo, de herencias, separaciones o divorcios… es decir, una cifra significativamente baja en relación con el total.

Como prueba de lo estúpido, el hecho de querer sancionar con multas a gente insolvente.

Con esta medida el gobierno de López Miras sólo puede pretender, como el calamar, soltar un chorro de tinta que oculte la ausencia total de políticas efectivas que garanticen el acceso de la vivienda. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Aunque pueda parecerlo, el entrecomillado no es nuestro, es sólo un “copia y pega” de parte del artículo 47 de la Constitución, de cuyo grado de cumplimiento debiera el consejero dar cuenta, máxime cuando su partido se opone a la ley estatal alegando competencia exclusiva autonómica.

Con medidas como esta, López Miras y sus socios criminalizan la pobreza, cuyas cifras regionales son lamentables, así como a las víctimas de su falta total de medidas a las que les obliga la Constitución, que ante la carencia de recursos propios y de Parque Público se ven obligadas a ocupar viviendas vacías, casi siempre en poder de grandes tenedores.

Para frenar las ínfimas cifras de ocupación en la región, así como para poder ofrecer alguna alternativa a las decenas de miles de demandantes de vivienda, lo que Díez de Revenga debería hacer, es sumarse a la iniciativa de la Comunidad Valenciana de reclamar para su Parque Público las viviendas de la SAREB ubicadas en su territorio, en nuestra región son cerca de 3.000, como ya han hecho Asturias, País Vasco, y Navarra, y pronto harán Aragón, Baleares y Cataluña ¿Dónde quedará Murcia?