La Comunidad trabaja en la publicación de las bases y convocatorias de tres procesos selectivos para constituir listas de espera que permitan a sus miembros desarrollar de forma interina las funciones propias de los puestos reservados para habilitados nacionales en los ayuntamientos, esto es, como secretarios, interventores y tesoreros.

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, en colaboración con la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, a través de las Direcciones Generales de Función Pública y de Administración Local, están trabajando en esta iniciativa, que pretende solventar las dificultades de funcionamiento diario que, con cierta frecuencia, padecen los consistorios al tener vacantes algunos de estos puestos y no poder cubrirlos de otra forma, debido a la actual regulación estatal que restringe cada vez más la viabilidad de hacerlo mediante otras modalidades.

Así, estas listas permitirán el desempeño de las tareas que estos puestos tienen encomendadas cuando los mismos estén vacantes o cuando sus titulares se hallen ausentes por enfermedad, vacaciones u otras circunstancias.

La Administración autonómica continúa de esta forma con la hoja de ruta que inició el pasado año, cuando constituyó tres bolsas con el mismo fin que a fecha de hoy se encuentran agotadas y que han solucionado los problemas existentes en algunos municipios.

Por razones de urgencia, en un primer momento se constituyeron estas listas exclusivamente con personas que habían superado exámenes en las pruebas selectivas de ámbito estatal para el acceso a la habilitación nacional, y ahora, se ha optado por convocar los correspondientes procesos selectivos propios para proveer interinamente las vacantes. De este modo, en las mismas tendrán cabida tanto las personas que superen estos procesos autonómicos como quienes superen ejercicios estatales de la referida escala.

Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional constituyen un cuerpo de profesionales cuya labor consiste en facilitar que la acción de los gobiernos locales se ajuste a la legalidad vigente, estando entre sus funciones las de asesorar jurídicamente a los alcaldes, dar fe pública de los actos y acuerdos o realizar labores de contabilidad y tesorería.