El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia hace un llamamiento a la Administración murciana para que los contratos de refuerzo COVID en los Servicios de Urgencias de la Región no sean rescindidos, según está previsto con fecha 31 de marzo, y las enfermeras y enfermeros puedan seguir trabajando y prestando servicio a los usuarios de la Sanidad.

Muchos de estos profesionales fueron contratados para realizar labores de triaje y otras funciones en los Servicios de Urgencias, colapsados por el volumen de trabajo, y para poder dinamizar las labores asistenciales y poder prestar mejor atención a los usuarios. El Colegio de Enfermería considera que la presencia de estos trabajadores es necesaria como lo es también en el caso de otras contrataciones de refuerzo tanto en Atención Primaria como hospitalaria.

Hace solo unos días los profesionales sanitarios de AP salían a la calle reivindicando la adopción de medidas urgentes para paliar la situación crítica que vive en los centros de salud donde la falta de recursos humanos es endémica. El Colegio considera que, si se rescinden más contratos a los profesionales, la situación provocada por las demoras en la atención a los usuarios y la apertura de los centros que permanecen cerrados seguirá agravándose. De la misma manera, en los centros hospitalarios la desaparición de estos contratos supone una sobrecarga de enfermera por número de pacientes hospitalizados que ya, habitualmente, es mayor que los parámetros recomendados por los organismos internacionales.

El mantenimiento de los contratos de refuerzo y la estabilidad en el empleo de los trabajadores es imprescindible, por un lado, para poder atender con garantías a los usuarios y, por otro, para garantizar condiciones dignas de trabajo a las enfermeras. En el caso de los Servicios de Urgencias, contar con profesionales suficientes es condición necesaria para poder ofrecer una atención asistencial de calidad.

Desde el Colegio de Enfermería se reclama acabar con las contrataciones precarias y temporales para que se pueda desarrollar una vida laboral que no esté amenazada por la sobrecarga, la saturación y la imposibilidad de conciliar la vida familiar de los trabajadores.