La Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia ha presentado a la Consejería de Educación un plan para bajar las horas de docencia directa a fin de mejorar la atención educativa.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha presentado a la Consejería de Educación una propuesta basada en la campaña "Repartir es mejorar" para rebajar las horas de docencia directa del profesorado a 23 en Infantil y Primaria y 18 en Secundaria, FP y enseñanzas de Régimen Especial. En lo que concierne a la Región de Murcia, esta actuación supondría la creación de 831 nuevas plazas para Infantil y Primaria y de 1.215 para Secundaria, FP y Enseñanzas de régimen especial.

A juicio de CCOO estos cambios supondrían una mayor atención a las familias, a la diversidad y una mayor coordinación entre los profesionales. Para Nuria Sánchez Saura, responsable de Educación Pública no Universitaria, "la bajada supone una mejora en la calidad educativa y un aumento en la atención escolar". Sánchez recuerda que el actual cómputo de horas deriva de los recortes realizados en 2011, y que previo a estos, la carga lectiva era de 17 horas en Secundaria y otros cuerpos y 23 en Primaria. Así mismo, CCOO sostiene la viabilidad de esta medida en el hecho de que once comunidades autónomas de diecisiete (entre ellas las vecinas Andalucía y Comunidad valenciana), han aplicado ya la bajada horaria.

La responsable sindical destaca la necesidad de priorizar iniciativas que favorezcan la incorporación laboral de jóvenes docentes, en una gran proporción mujeres, puesto que se trata de un sector muy feminizado. "Esto tiene especial relevancia en un sector que supera los 55 años de edad media y en un contexto social todavía muy condicionado por la brecha de género", en opinión de Sánchez.

La Federación de Enseñanza también denuncia la discriminación económica que se observa en el trato diferencial entre la educación concertada y la pública. En palabras de Nuria Sánchez "no es de recibo que mientras la red privada concertada ha crecido a costa del presupuesto público, la red pública, que atiende a más del 70% del alumnado, no haya recuperado las condiciones anteriores a la crisis de 2011". El sindicato resalta que desde 2018 existe una normativa básica de carácter estatal que recomienda a las comunidades la adquisición de esta medida e insta a la consejera de Educación a que mire por el bienestar de la comunidad educativa.