La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exigirá mañana al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, explicaciones detalladas sobre los efectos de la multiplicación de macrogranjas en la Región y, más concretamente, por lo que considera "una proliferación de balsas de purines sin ningún tipo de control".
Luengo, que comparece mañana en la Asamblea para dar explicaciones sobre la situación del sector ganadero y de la industria cárnica en la Región, deberá dar cuentas de lo que desde Podemos consideran "una clara desidia que es la mayor amenaza, no solo para el medioambiente sino también para el propio sector ganadero, pues favorece a un puñado de empresas piratas frente a la inmensa mayoría del sector, concienciado con su tierra y con hacer las cosas bien".
Según datos facilitados por la propia Consejería, denuncia Marín, "las inspecciones anuales no llegan ni a una quinta parte de las explotaciones", algo que en Podemos califican de "inadmisible en zonas que deberían estar permanentemente controladas y cuyos acuíferos han sido declarados oficialmente en riesgo por la alta contaminación por nitratos". La declaración de alto riesgo afecta ya de hecho no solo a la comarca del Mar Menor, sino también al Bajo Quípar, Bullas, Caravaca y Mula, una eutrofización de los cauces que Marín considera "la mayor amenaza actual para estas comarcas y para el futuro de nuestros pueblos".
Los controles de las explotaciones agrarias en la zona del Mar Menor también dejan en opinión de la formación morada "mucho que desear". El Plan de Inspección publicado por la Consejería de Medio Ambiente cifra en 500 las actuaciones previstas para el periodo 2022-2024, "un número ridículo que convierte en papel mojado la ya insuficiente Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor". Desde Podemos denuncian además que el Plan de Inspección de Luengo contempla "inspecciones con aviso previo, que tienen muy poca utilidad" y contraponen esta estrategia a la llevada a cabo por el Seprona la semana pasada, que detectó el uso de fertilizantes prohibidos y pozos ilegales en más de 140 fincas en una inspección exprés.