Región

Podemos asegura que la decisión de fragmentar el Caso Topillo en 39 piezas separadas "ayuda a desvanecer responsabilidades"

La portavoz regional, María Marín, muestra su "absoluto desacuerdo" con el tribunal y señala que "estamos ante una trama compartida por políticos y multinacionales del agronegocio"

La investigación del Caso Topillo ha quedado despedazada en 39 causas judiciales diferentes que tendrán, por lo tanto, procesos separados. La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con la decisión del magistrado que lleva este caso de corrupción relacionada con la contaminación del Mar Menor. Para Marín, atribuir el deterioro de la mayor laguna salada de Europa a "múltiples delitos individuales", en lugar de "a toda una trama de responsabilidades compartidas por políticos y multinacionales del agronegocio", sólo servirá para "diluir responsabilidades y desvanecer cualquier tipo de consecuencia legal sobre los culpables".

La diputada morada ha señalado que desde Podemos temen que la "inacción judicial" contribuya a minusvalorar "las infracciones que muchos imputados cometieron a sabiendas del impacto que los vertidos agrícolas tendrían y tienen sobre las costas de la Región de Murcia". La decisión de partir esta trama en 39 casos diferentes "no tiene sentido" para Marín, ya que supone "desvincular todos estos delitos", cuando "su conexión es clara y no hay más que mirar la situación en la que se encuentra el Mar Menor para darse cuenta".

Para la portavoz de Podemos, decisiones como la adoptada por el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, en cumplimiento de la orden de la Audiencia Provincial, conducen a que "jamás llegaremos al fondo de este asunto", ya que supone "cerrar los ojos a la realidad y romper una única causa en piezas desperdigadas por distintos juzgados particulares". En concreto, 22 de los 39 procedimientos iniciales irán a parar al juzgado de San Javier y otros 14 al de Cartagena, algo que sólo servirá para "ayudar a desvanecer responsabilidades quitándoles peso judicial". Se trata por tanto, según Marín de "un precedente peligroso si lo que queremos es que estas acciones ilícitas y nocivas contra el Mar Menor no vuelvan a repetirse".

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