UGT Servicios Públicos Región de Murcia denuncia la desprotección en la que se encuentra el personal de los colegios de Educación Especial ASCRUZ, de Caravaca, y Pilar Soubrier, de Lorca, por la pandemia, por lo que ha solicitado que se instauren medidas urgentes para evitar una situación que haya que lamentar, dado que estos centros cuentan con usuarios de especial vulnerabilidad.
Hay que reseñar que estos dos centros funcionan de forma distinta al resto de colegios, ya que en ellos se presta servicio de residencia para parte de su alumnado, por lo que es obvio que se deberían adoptar las mismas medidas de protección de riesgos laborales que en los centros con residencia de la Comunidad para personas con discapacidad psíquica pertenecientes a otras consejerías u organismos como el IMAS.
Desde el principio de la pandemia, se ha desarrollado innumerable legislación en materia de protección de riesgos laborales para las plantillas que prestan servicios a los denominados 'colectivos vulnerables', especialmente en centros de atención con servicio de residencia.
De igual forma, UGT recuerda que estos dos centros sufrieron directamente los efectos de la pandemia, y que en el caso del Pilar Soubrier, no se puso en marcha su residencia hasta la mitad del pasado curso escolar, mientras en ASCRUZ se tuvo que suspender el servicio y cerrar la residencia temporalmente por la incidencia de COVID-19.
Para este sindicato es inconcebible que, a pesar de todo, casi dos años después, no se han trasladado a estos colegios-residencia las mismas medidas de protección laboral que se vienen adoptando en los otros centros de servicios análogos en el resto de la CARM, en los cuales se realizan pruebas diagnósticas diarias al personal antes de comenzar el turno, al incorporarse por primera vez a trabajar al centro o al regreso de vacaciones y permisos largos.
UGT Servicios Públicos siempre ha velado por el cumplimiento de la legislación en materia de protección en el desempeño de la labor de las y los empleados públicos, por lo que ha solicitado formalmente a los responsables de prevención de riesgos laborales y gestión de personal de la Consejería de Educación y Cultura, de la que dependen estos colegios y, a la Dirección General de la Función Pública de la CARM, responsable de la gestión de las plantillas la adopción de medidas correctoras de forma inmediata.