La Comunidad ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que pretende revisar los 1.700 procedimientos burocráticos existentes, con el fin de reducir las cargas administrativas que presentan para los ciudadanos y las empresas. Con este proyecto, la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública reducirá los tiempos de resolución de los procedimientos, así como los costes que soportan tanto los administrados como la propia Administración.

Tras los buenos resultados obtenidos con el proyecto piloto de simplificación administrativa desarrollado en las consejerías de Educación y Cultura; Fomento e Infraestructuras; y Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía; se ha extendido el proceso a la totalidad de los procedimientos administrativos y consejerías de la Administración regional.

Esto ha permitido no solo reducir y concentrar los procedimientos administrativos existentes, sino eliminar muchos documentos cuya aportación se exigía a los interesados sin ser absolutamente necesarios para la tramitación de los procedimientos, y otros que pueden ser obtenidos directamente por la Administración a través de la Plataforma de Interoperabilidad.

El proyecto consta de once medidas, entre las que destacan la supresión de la obligación de los ciudadanos de aportar determinados documentos; la sustitución de documentos originales por copias; reemplazar documentos por la emisión de declaraciones responsables o cambiar las licencias y autorizaciones por una comunicación previa. De la misma forma, pretende automatizar aquellos procesos que lo permitan, incrementando los servicios de respuesta inmediata que se prestan actualmente.

En el desarrollo de esta medida, prevista en la Estrategia Regional de Gobernanza Pública aprobada por el Consejo de Gobierno, estarán implicados todos los centros directivos de la Administración regional, que serán los responsables de someter a una revisión crítica los procedimientos que gestionen, y contarán para ello con el apoyo de la Dirección General de Regeneración y Modernización, a través de la Inspección General de Servicios, que será la encargada de dirigir, coordinar y apoyar todo el proceso. Para ello, comenzando por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, todos los jefes de servicio y responsables de procedimientos de las distintas consejerías se reunirán con la Inspección General de los Servicios para fijar el protocolo con arreglo al cual se desarrollará el proceso de simplificación administrativa.

Sobre este proceso de revisión procedimental, la vicepresidenta y consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública en funciones, Isabel Franco, indicó que "en él se prestará especial atención a aquellos procedimientos masivos que cuenten con mayor número de solicitudes, así como a los procedimientos que, en el marco de los convenios previamente suscritos con la CROEM y el CERMI por la Consejería, señalen estos organismos con carácter prioritario por afectar y suponer mayores cargas burocráticas para el tejido empresarial y para las personas con discapacidad, respectivamente".

De la misma forma, la vicepresidenta señaló que "aunque es difícil hacer una previsión ajustada del importe que la aplicación de las medidas previstas van a tener en los ciudadanos y empresas de nuestra Región, puesto que depende de diferentes variables, las medidas emprendidas ya por la Administración regional en este sentido en el año 2020 podrían significar un ahorro para los ciudadanos y las empresas cercano a los 40 millones de euros".

Esta estimación se realiza en base al 'Método simplificado de medición de cargas administrativas' del Ministerio, y se produce como consecuencia de la aplicación de medidas de simplificación que suponen reducción de cargas para los interesados como la presentación electrónica de formularios de solicitud en la sede electrónica, la descarga de certificados electrónicos, o la no presentación de determinada documentación en los procedimientos administrativos, al ser obtenida de oficio por la Administración a través de la Plataforma de Interoperabilidad de la Comunidad.