Desde STERM califican de irresponsable la firma de un consentimiento informado en la segunda dosis de vacunación y denuncian los vaivenes del Gobierno del Estado y la Comunidad en relación a la administración de la vacuna.

Pese a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aconsejado que se administre la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a quienes recibieron la primera, independientemente de la edad, en un intervalo de entre cuatro y doce semanas, en España se restringió el uso de la vacuna para las personas de 60 años en adelante a partir del 8 de abril, abriendo un intenso debate en torno a qué marca utilizar para la segunda dosis. Las posturas en Europa se han dividido: Francia, Alemania, Suecia y Finlandia utilizarán la segunda vacuna de Pfizer o Moderna, mientras que Austria, Italia y Portugal se han decantado por AstraZeneca, y también Reino Unido, por encima de los 40 años.

El Ministerio de Sanidad ha decidido por fin, aunque bastante tarde, que para España la vacuna inoculada sea Pfizer en los menores de 60 años tras apoyarse únicamente en un estudio clínico realizado por el Instituto de Salud Carlos III en solamente 700 personas, mientras que en Reino Unido se han puesto casi 20 millones de vacunas de AstraZeneca. Esto, que está en contra de todas las sociedades científicas y de las propias recomendaciones de los fabricantes, unido a las expresas recomendaciones de la EMA de poner AstraZeneca, ha llevado a las comunidades autónomas a hacer una presión muy fuerte para permitir a la gente decidir qué marca ponerse. Sin entrar en ningún debate técnico o científico que no corresponde a este sindicato, hemos denunciado de manera insistente los continuos cambios de criterio de las administraciones que se han venido dando respecto a la segunda dosis.

De nuevo vuelve a trasladarse la presión, el miedo y la incertidumbre a la gente de a pie de calle, a todas las personas trabajadoras en los centros escolares , que tras ser los primeros conejillos de indias en recibir la vacuna aplicando criterios de edad radicalmente opuestos a los que se han descubierto ahora, tiene que decidir qué ponerse, pero eso sí, no podrá faltar un consentimiento firmado que exima al Gobierno y Administraciones de cualquier responsabilidad.

Además, el Servicio de Prevención de la Consejería de Educación deriva cualquier tipo de duda a los responsables sanitarios y a los centros de salud, generando un caos con apenas margen de acción que se está convirtiendo en el núcleo de las preocupaciones de los centros escolares, y todo ello a apenas unas semanas de las Oposiciones. Si bien el compromiso de la Consejería será vacunar a opositores y tribunales antes del 14 de junio, o después del primer examen, lo cierto es que la gente sigue sin tener claro cómo proceder.

Desde STERM exigimos a las administraciones pertinentes que en un ejercicio de responsabilidad expliquen a la población todos los efectos positivos y negativos de la aplicación de cada tipo de pauta, para que la gente pueda tomar de manera informada y que sean los gobiernos los que tomen las decisiones en base a criterios científicos. Y que recuerden que la firma de un papel no hace ni mucho menos responsables de cualquier efecto secundario a todas aquellas personas que se han dejado la piel todo el año, sin apenas recursos, al frente de los centros, dándolo todo para que ningún estudiante quedara atrás.