Desde ANPE defendemos que para los aspirantes positivos por COVID o en cuarentena, debe existir la posibilidad de una convocatoria extraordinaria para no perder el derecho a obtener una plaza, o mejorar su posición en la lista de interinos.
ANPE ya ha denunciado este problema en la Mesa Sectorial de Educación y en otros muchos foros con representantes de la Administración educativa de la Región de Murcia, y a día de hoy no nos han respondido.
Además, teniendo en cuenta que otras comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Canarias, La Rioja, Cantabria, Galicia, ya han regulado la posibilidad de realizar la prueba con posterioridad para los aspirantes que se encuentren en dicha situación (positivo o en cuarentena por COVID), desde ANPE Murcia entendemos que sería un gran agravio comparativo para los aspirantes murcianos con respecto a los de otras comunidades; vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
No podemos olvidar la crisis sanitaria y epidemiológica en la que estamos inmersos, y como decía Jean Paul Richter “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”. Por ello, y ante el año tan excepcional que estamos viviendo con este bicho llamado COVID ( y del cual nadie tiene culpa ni nadie está libre), el eliminar la posibilidad de que estos opositores puedan examinarse otro día, es limitarle su derecho y acabar con su sueño, en el cual llevan más de 4, 5 años preparándose, renunciando a muchos momentos con sus familias y amigos para estudiar. E igual tratamiento debe darse a los aspirantes que se encuentren en alguna otra situación de fuerza mayor como es situación de parto el día de la prueba, enfermedades graves, etc.
El derecho de acceso a la función pública es un derecho constitucional, regulado en los artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución Española y artículo 55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, y que la normativa referente a la pandemia del COVID 19, tanto el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, de prórroga del estado de alarma, que terminó su vigencia en la fecha del 9 de mayo de 2021, como la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, así como la demás normativa vigente, no contempla esta situación concreta de limitar dicho derecho constitucional.
Por todo ello, ANPE Murcia considera que la Consejería de Educación carece de competencias para denegar el derecho constitucional de acceso a la función pública en condiciones de igualdad a estos aspirantes, al estar obligados los afectados a cumplir con las medidas de cuarentena y salud pública que impone Sanidad.
No obstante, la Administración debe hacer compatible el ejercicio de este derecho constitucional, con la prevención de la salud y seguridad de los trabajadores y todo el personal que participa en las pruebas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación aplicable. Dotando de la infraestructura y todos los recursos necesarios para que así sea.
ANPE realizará un seguimiento pormenorizado de todos los casos que puedan darse, exigiendo soluciones acordes a la situación tan excepcional que vivimos.