La formación liberal considera inaceptable que se acuse de "amenazar" a los beneficiarios de las ayudas del INFO, cuando no se trata más de previsiones recogidas en las Leyes de Subvenciones y de Transparencia.

Ante la información aparecida hoy en un medio de comunicación regional, en la que se imputa a la línea de ayudas "mantenimiento de actividad", lanzada a finales de 2020, de amenazar con tener que reintegrar los fondos en caso de no dar difusión del origen de las ayudas, hemos de mostrar nuestro mayor rechazo.

En primer lugar, porque no se trata de dar por el Instituto de Fomento "ayudas a cambio de propaganda", sino que traslada una de las obligaciones recogidas en la Ley de Subvenciones de dar publicidad del origen de los fondos, tal y como se prevé igualmente en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM.

Por tanto, una obligación legal se envuelve en una campaña de ataque, en la que se le da la apariencia de amenaza ilegítima a una previsión legal.

En segundo lugar, porque las ayudas que se dieron con los fondos COVID, debían estar abonadas antes de 31 de diciembre, tal y como se recogieron en las bases, conteniendo la previsión por tanto de concurrencia simple (pago por orden de solicitud) hasta la finalización de los fondos.

La coordinadora autonómica ha indicado que el "presupuesto para estas ayudas se nos fue transferido desde la Consejería de Hacienda en el último trimestre del año" por lo que tramitarlo y abonarlo antes del 31 de diciembre hubiera resultado materialmente imposible.

Además, Ana Martínez Vidal ha afirmado que eran miles las empresas que potencialmente podían optar a estas ayudas, y los fondos de los que disponía eran limitados. "Si hubiésemos tenido que valorar y puntuar todos los expedientes con los medios humanos de los que dispone la Administración regional, no se hubieran resuelto en años".

Este sistema de subvención, con las mismas previsiones, fue utilizado por la Línea de reactivación para la hostelería, con compromisos como el de "colaborar con el ITREM para valorar los resultados y el impacto obtenidos como consecuencia de la ejecución del proyecto subvencionado", con la misma "amenaza" legal de reintegración.

La coordinadora liberal ha explicado que la gran mayoría de las subvenciones que ofreció la CARM con fondos Covid, como en el caso de la hostelería, "se tramitaron por orden de entrada para mayor agilidad y para que fueran abonadas antes de fin de 2020".

"Nuestro objetivo era hacer llegar las ayudas al mayor número de autónomos y pymes, consiguiendo incrementar en un 30% los nuevos beneficiarios de las mismas" ha concluido la coordinadora naranja.