El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, critica los continuos "regalos" que desde hace años viene haciendo la Consejería de Educación a la patronal de las enseñanzas privadas concertadas, en especial, a través de la privatización mediante conciertos de la oferta de ciclos de Formación Profesional.
Para el sindicato es una evidencia contrastada que el ritmo de implantación de nuevas especialidades en los centros públicos está siendo muy bajo, a pesar de las demandas de los centros educativos. Durante el curso 2019/2020, se crearon 25 unidades en ciclos de FP en centros públicos de toda la Región mientras se eliminaron 10 unidades de FP Básica, Grados Medios y Grados Superiores, lo que supuso una creación total de tan solo 15 unidades. Si bien, la iniciativa privada alcanzó casi esta misma cifra con 13 nuevas unidades de FP. Si la formación privada-concertada debe ser subsidiaria de la pública, ¿cómo puede justificarse esa derivación privatizadora de dinero público?
Este fomento de la Formación Profesional de iniciativa privada pero gestionada con fondos públicos ha ido desarrollándose con más rapidez a raíz de la aprobación de la Orden de 2017 que regulaba los conciertos educativos en Formación Profesional y Bachillerato, una orden que se encontró con el rechazo de buena parte de la comunidad educativa que acusaba al Gobierno Regional de privatizar la escuela pública. Desde el sindicato señalan que el rumbo privatizador se ha mantenido, pues este mismo año se ha realizado una modificación normativa que rebaja los criterios exigidos a los centros privados, lo que supone en la práctica un nuevo mecanismo de supresión de la oferta educativa en centros públicos a favor de los centros privados.
José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, alerta de que "el nuevo impulso a la Formación Profesional corre el grave riesgo de servir única y exclusivamente a los intereses empresariales de centros que ofrecen FP como la UCAM, con hasta 28 ciclos diferentes, u otros que se benefician de las importantes cuantías de dinero público que se dedican a los conciertos educativos. Esto supone un grave ataque a la Escuela Pública y a su oferta formativa de FP, que lejos de lo que debería ser, un instrumento adecuado para dinamizar y reducir el desempleo juvenil, que estimule y recupere a ese alumnado que perdemos entre las dramáticas cifras de abandono escolar, se está convirtiendo lenta pero inexorablemente en otro mercado agresivo y privatizado al que no puedan acceder cientos de familias de bajos recursos".
Desde el sindicato exigen a la Consejería de Educación que defienda y proteja la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades y no, tal y como está haciendo, ayudar solamente a quienes puedan "pagar"a sus hijas e hijos un título de Formación Profesional, dejando al resto en un completo abandono para el que no habrá un plan B formativo. José Manuel Fernández recalca que "favorecer la entrada de la educación privada en la FP es perpetuar las desigualdades sociales y apoyar solamente al sector más favorecido de la sociedad".