El Gobierno regional no apoya el reparto de fondos para formación profesional para el empleo propuesta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional "porque la Región de Murcia sigue resultando perjudicada", según señaló la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez.

La consejera votó en contra de esta distribución de fondos a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo celebrada hoy, y justificó su postura por los criterios de distribución, que este año "siguen beneficiando a las comunidades autónomas que más recibieron en 2020".

"Exigimos un reparto de los fondos más justo, porque se perjudica notablemente a la Región, puesto que la reducción que sufrió el año pasado alcanzó el 40 por ciento y el incremento de fondos corregido no permite obtener la media habitual de distribución este año", explicó la consejera.

La distribución de fondos está autorizada por el Consejo de Ministros y a la Región, con esos criterios, le corresponde la cantidad de 17.114.482 euros, de los que 13,7 millones se destinarán a iniciativas de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados; cerca de 2,9 millones son para iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados; y 490.000 euros se destinarán a acciones de formación profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación.

Asimismo, se informó sobre los criterios de distribución territorial de fondos para el ejercicio económico 2021 entre las comunidades autónomas.

En la Conferencia Sectorial se presentaron los trabajos para la nueva Ley de Formación Profesional, que pretende integrar los dos sistemas de FP, el educativo y el de formación para el empleo, de la que aún no se ha presentado ningún borrador.

En el ámbito de la Comisión Sectorial se crearon además tres grupos de trabajo, en los que participan responsables del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), con el objetivo de revisar los mecanismos de financiación y justificación, reflexionar sobre los factores que bloquean su flexibilidad y analizar las fortalezas y debilidades del Sistema de Formación Profesional para el Empleo acreditable en base al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.