El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha lamentado durante el pleno de la Asamblea Regional las carencias legislativas del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la ocupación de viviendas y defender la propiedad privada: "La inactividad legislativa crea inseguridad jurídica para inversores y propietarios, provocando una merma en el desarrollo de nuestro país".
La ocupación es "un problema gravísimo", apunta Álvarez, que además de provocar un retroceso y mermar las inversiones, "amarga la vida a propietarios y vecinos. No hay derecho a que hallan familias en la calle que no puedan recuperar de forma inmediata su vivienda, sintiéndose desamparados por la ley". Por ello, para el grupo parlamentario de centro es urgente introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico: "Cuando las familias acuden a la justicia se enfrenten a una carrera de obstáculos que permite al ocupa quedarse años en la vivienda hasta que el juez correspondiente decida". Se trata de una situación a la que también se enfrentan los ayuntamientos que "no pueden hacer nada pese a ser la administración más cercana a los vecinos".
El grupo parlamentario de Ciudadanos destaca la puesta en marcha de mecanismos legales que estarán presentes en el proyecto de Ley, que se encuentra en tramitación en la Asamblea Regional, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia. El portavoz liberal subraya que se contará con medidas como la creación de un canal de denuncias. También es necesaria la protección a las víctimas de una ocupación, facilitando su asistencia letrada y que las empresas de suministros, en el momento que detecten sospechas por variaciones de consumo y enganches ilegales, estarán obligadas a comunicarlo a la administración. Álvarez añade que con este Decreto "no se premiará a los ocupas, ya que se establecerá como requisito, no haber sido condenado ni sancionado por ocupación o usurpación en los últimos diez años para poder acceder en propiedad a las viviendas de promoción pública".