La Consejería de Educación está en grave peligro y, con ella, el derecho a la educación y el futuro de nuestros hijos e hijas junto al devenir de la región.

Se ha puesto en venta, a cambio de sillones y puestos a dedo, uno de los derechos más importantes de los menores. Al parecer, para mantener el poder por cuestiones muy individualistas, las responsabilidades gubernamentales seguirán la inercia de la privatización, los sesgos de conocimiento, la falta de evidencia y rigor científico, la negación de la pluralidad y se romperá la equidad y el respeto a la diversidad.

En un contexto de pandemia, donde las brechas educativas, digitales, económicas y sociales son un hecho alarmante, el abandono de las familias, de la comunidad educativa, es otro motivo más para tomar medidas preventivas y activas de protección ante la ignorancia y la dejadez.

El programa fundamental que se pretende imponer consiste en un retroceso en las políticas educativas que traerá más desigualdad, mercantilizando la educación, fomentando la liberalización de la enseñanza y privando a los niños de una educación completa y diversa que les prepara para afrontar la realidad social.

El cheque educativo desmonta el sistema actual de ayudas que se basa en baremos de equidad y compensación entre familias con menos recursos económicos que garantiza que la educación pública es el medio para que todos los menores tengan las mismas oportunidades. La otra medida que pretenden imponer por segunda vez en la Región de Murcia es el veto parental, que nuestra federación y el Ministerio de Educación ya llevó a los tribunales el curso pasado y que no dudaremos en volver a hacerlo.

El Gobierno Regional ha usado la educación como moneda de cambio y se la ha regalado a gestores sin mérito ni capacidad, renegados de sus principios, sin palabra, sin coherencia y con toda una mochila de intereses particulares que nada tienen que ver con el servicio público. Los Sus planteamientos vulneran la Constitución, la Convención de Derechos de la Infancia y las leyes educativas, entre otras. Además de que dificultan que los docentes impartan en confianza y con independencia, la educación de calidad, justa y legal, a través de las actividades complementarias del currículo.

La educación está por encima de cualquier interés y color político, es la base para el progreso y el desarrollo libre y respetuoso de unos valores sociales que defiendan la igualdad y la diversidad actual.

Desde la FAPA RM Juan González mostramos nuestro más firme rechazo a esta decisión en la que para mantener a toda costa los sillones se ha jugado con el futuro de nuestros hijos.

FAPARM-JUAN GONZÁLEZ

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