La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, se reunió hoy por videoconferencia con los representantes de todas las organizaciones sociales que integran la Plataforma del Tercer Sector (Cáritas, Cruz Roja, Plataforma del Voluntariado, Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN) y ONCE), que junto a la Administración regional conforman la Mesa de Apoyo al Tercer Sector. El encuentro tuvo lugar a petición de la Plataforma del Tercer Sector y en él se hizo balance de las actuaciones desarrolladas por la Consejería y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Al respecto, Isabel Franco señaló que el encuentro ha servido para "continuar avanzando en el diálogo, la participación y el trabajo conjunto entre el Gobierno regional y las distintas organizaciones sociales, para implementar las mejores estrategias a favor de la población más vulnerable de nuestra región, más aún en estos momentos de especial complejidad".
En la reunión se intercambiaron impresiones sobre los fondos europeos destinados a fines sociales del Plan de recuperación, transformación y resiliencia que se va a desarrollar. En concreto, está previsto contar con un total de 81, 5 millones de euros, que se destinarán a fomentar los cuidados de larga duración de personas mayores y dependientes, así como a modernizar los servicios sociales y los modelos de protección residencial, así como al acogimiento en familias de niños y adolescentes.
En este sentido, las partes coincidieron en enfatizar que hay poca información sobre los detalles que rodean a estos fondos, lo cual "genera cierta inquietud en el Tercer Sector y a la hora de coordinarse con el Gobierno regional", explicó la consejera.
Asimismo, se trató sobre el desarrollo de la futura Ley de Servicios Sociales y su debate en la Asamblea Regional. Con esta norma se quiere unificar todas las prestaciones de Servicios Sociales en los municipios, entre otros aspectos. Al respecto, se informó que desde la Comunidad se habían puesto en contacto con los ayuntamientos para conocer las carencias de los municipios durante el estado de alarma, tras lo cual se destinaron 6,1 millones de euros del fondo estatal para reforzar la atención de las personas más vulnerables, una medida que pretender verse reflejada en la nueva ley.
Por último, entre la cuestiones planteadas por las entidades se valoró el tema de la Renta Básica de Inserción y su compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital.