12.500 aspirantes a docentes inscritos para las oposiciones de junio en plena pandemia, sin todavía iniciarse el proceso de vacunación y con un futuro totalmente incierto en cuanto a la evolución del virus. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, insiste en que nos encontramos con una convocatoria de oposiciones injustas porque no tienen en cuenta al personal interino en fraude de ley, sin embargo, aún omitiendo este argumento que debería bastar para un aplazamiento por justicia, nos encontramos con una enorme cantidad de personas inscritas que dificultan la gestión y la seguridad de este evento masivo.

En prensa realizan una comparación con las últimas oposiciones de primaria (realizadas en condiciones de normalidad), pero en realidad si lo comparamos con las últimas oposiciones de secundaria la cantidad de aspirantes se dobla. En una situación extraordinaria donde están prohibidas las aglomeraciones nos encontramos con que la administración va a tener que organizar unas oposiciones con el doble de participantes. Es más, muchas de las personas que habrán de participar en el proceso (ya sea como opositores o miembros de tribunal) no van a estar vacunadas, o porque son mayores de 55 años o porque no son docentes todavía.

Esperanza Martínez, co-portavoz de STERM Intersindical, señala que "no se está teniendo en cuenta el gran desplazamiento que se va a producir durante el proceso entre distintas CCAA. Un gran porcentaje de esas 6.000 personas inscritas de más en comparación con las últimas oposiciones de secundaria son personas que proceden de otras CCAA como Cataluña, donde las oposiciones se han realizado ya durante el primer trimestre del presente curso escolar, o el País Valenciano, donde la primera prueba se realizará en mayo para que si algún opositor se encuentra en cuarentena puede realizar su examen en junio."

Las distintas CCAA no se han puesto de acuerdo para que la fecha de celebración de las oposiciones coincida, así nos encontramos con un obstáculo más para el personal interino y su salud. De nuevo somos los docentes los que tenemos que pagar por la falta de previsión y organización de las distintas administraciones.