La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social propone, en aras de buscar una mayor participación y consenso, y para dar cumplimiento al dictamen del Consejo Jurídico, que el decreto ley lo apruebe el Consejo de Gobierno y se traslade después a la Mesa de la Asamblea Regional para iniciar el trámite parlamentario. Un órgano que podrá convalidarlo directamente o convertirlo en una proposición de ley y que los grupos parlamentarios puedan presentar sus enmiendas al texto.

La intervención del legislativo es necesaria para que puedan modificarse las normas anteriores que solo contemplaban la universalidad de la prestación del servicio de Atención Temprana y no la gratuidad, algo en lo que se ha ratificado hace unos días el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

La gratuidad del servicio de Atención Temprana es el principal objetivo de este texto que desde sus inicios ha pretendido beneficiar a más de 4.700 niños de la Región. Una gratuidad que es necesaria para no limitar en modo alguno el acceso de un servicio vital para estos menores, permitiendo que con ello la Atención Temprana se convierta en una herramienta esencial para compensar posibles situaciones de desventaja social o de vulnerabilidad de la infancia.

Una de las disposiciones finales de la Ley 6/2013, de medidas en materia tributaria del sector público y de política social, contempla ya la universalidad del servicio. Para incluir la gratuidad del mismo debe realizarse una modificación, que según los informes jurídicos de la Comunidad Autónoma solo puede llevarse a cabo como decreto de ley para que una norma jurídica pueda modificar lo que establece una anterior aún vigente.

Con este trámite parlamentario, por el procedimiento de urgencia y necesidad, se consigue además contribuir a una mayor transparencia y participación en el proceso para lograr el máximo consenso posible en torno a un documento que afecta a muchos colectivos y sectores de la sociedad murciana.