Desde Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad Región de Murcia, las plataformas que aglutinan juntas las demandas de justicia, soberanía y reconstrucción social de los murcianos y las murcianas, queremos expresar nuestro apoyo total a las movilizaciones convocadas para los próximos días 27 de febrero y 4 de marzo, por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) y por Marea Blanca Región de Murcia, respectivamente.
La pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema sanitario regional tras los recortes de la última década. Especialmente la Atención Primaria de Salud, y los servicios de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, han tenido que abandonar a las personas a las que atienden de manera habitual para afrontar una crisis sanitaria ante la cual las privatizaciones nos han dejado desamparados. Esto no es propio de una región avanzada y moderna.
Igualmente, contemplamos con estupor cómo el sistema regional de apoyo a la dependencia, mayoritariamente privatizado y subvencionado, colapsó de manera dramática hace ya un año, sin que el Gobierno regional haya hecho absolutamente nada por rescatarlo. La intervención sanitaria pública apenas llega para mantener la mínima dignidad en los cuidados a nuestros mayores y dependientes, residentes en instituciones que se han convertido en trampas macabras para ancianos “privatizados”. Consideramos que esto es una anomalía democrática que no se puede consentir.
Para rematar la irresponsabilidad con la que se ha comportado el Gobierno regional frente al personal sanitario, agotado y conmocionado, y ante la población en general, los primeros meses de la campaña de vacunación frente al virus han evidenciado una gestión nefasta por parte de la Consejería de Salud, quedando al descubierto el criminal desvío de vacunas a políticos, religiosos, o personas y colectivos a los que no les correspondía ser inmunizados en ese momento, de acuerdo con el protocolo del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad. Por todo ello, exigimos al Gobierno regional:
-Afrontar de manera inmediata la fuerte crisis en la que la pandemia y los recortes han sumido el sistema sanitario y la atención a la dependencia mediante una estrategia de reconstrucción, basada en criterios de prevención, fomento de la salud, calidad de los cuidados. Se ha de garantizar el presupuesto para revertir la privatización de servicios, y aumentar la oferta de plazas públicas de atención a la dependencia, protegidas por ley de toda degradación y mercantilización.
-Continuar con la campaña de vacunación con respeto absoluto a los protocolos establecidos, y mediante los recursos materiales y humanos de que dispone el sistema público. No se puede “vender” la vacunación al mejor postor. Condenamos la gestión irregular y clientelar que se ha hecho de la vacunación, y exigimos justicia y transparencia.
-Máxima transparencia en el gasto de los recursos económicos que el Gobierno de España ha enviado a la región: los fondos extraordinarios para sanidad deben gastarse en sanidad y no en otras cosas. La sanidad pública es un derecho soberano del pueblo de la Región de Murcia, sin la cual es imposible recuperar nuestra tierra para una mayoría social.