Joaquín Sánchez, portavoz de la Asociación Amigos de Ritsona, y Moisés Navarro, presidente de la coordinadora de Ongd de la Región de Murcia, han entregado al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, un documento respaldado por 47 organizaciones en el que se solicita "la suspensión definitiva de la Comisión de Investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad ante la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia durante la pandemia". Castillo se ha comprometido a trasladar el documento a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios "para que tengan constancia de la queja de estos colectivos sociales".
Sánchez ha manifestado sentirse dolido por la constitución de esta comisión "porque las personas inmigrantes no son irregulares. Consideramos que la Asamblea Regional debe dar cabida a iniciativas que defiendan los derechos humanos, en vez de poner el foco en criminalizar a este colectivo. Esta comisión puede fomentar el racismo, la xenofobia y la aporofobia y por ello queremos que se anule".
Por su parte, Moisés Navarro ha señalado que "la comisión de la vergüenza busca criminalizar a la población emigrante de los contagios que se producido en la Región de Murcia, algo que es falso. Las comisiones de la Asamblea Regional deben de solucionar problemas y los partidos políticos no han de lanzar discursos que fomenten el odio".
El documento entregado por Sánchez y Navarro al presidente de la Asamblea Regional expone textualmente que esta comisión, "tal y como indica su objetivo, pone el foco en los inmigrantes, criminalizándolos y haciéndolos responsables directos de la pandemia y de la inseguridad por el mero hecho de ser inmigrantes sin papeles, que vienen huyendo de la violencia y de la pobreza...entendemos que los fenómenos sociales hay que abordarlos desde el sentido de humanidad y desde el afecto, el compromiso y la solidaridad. Por eso, creemos que hay que establecer mecanismos de acogida humanitaria y luchar por el derecho al desarrollo de los pueblos para que cada persona pueda vivir en su país porque tiene las condiciones dignas para ello".
Finalmente, las organizaciones firmantes piden que el pleno de la Asamblea Regional "acuerde el archivo y la suspensión definitiva de la Comisión antes de que se haga más daño a la sociedad y a la convivencia".