La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ha identificado 2.000 empresas de la Región de Murcia que presentan posibles irregularidades. Al respecto, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera ya ha empezado a realizar inspecciones con una primera campaña específica sobre un grupo inicial de 200 empresas, con el objetivo de detectar posibles casos en los que estuvieran desarrollando su actividad de forma clandestina.

La mayoría de las irregularidades detectadas en empresas activas del sector industrial y minero de la Región corresponden a duplicidad de registros o a la extinción de sociedades sin dar de baja. Así, las inspecciones realizadas han permitido detectar 50 casos en previsible situación de clandestinidad, con incumplimientos que deberán ser corregidos y que han dado lugar al inicio de expedientes sancionadores.

Durante el pasado mes de diciembre se realizó una verificación de existencia de registro y disposición de inspecciones y revisiones periódicas obligatorias a estas 50 empresas, y se comprobó que 38 no se encontraban al corriente con sus obligaciones legales.

Cruce de datos con el Registro Mercantil

La tarea de detección de posibles industrias clandestinas en el sector industrial y minero ha sido posible gracias al cruce de datos, por primera vez, entre el Registro Mercantil y los registros de la Dirección General. De esta forma, se ha identificado a empresas que tienen registrada una actividad industrial o minera pero cuya inscripción no consta en los registros de seguridad industrial y minera de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.

Esta actuación forma parte del Plan de Inspección de Industria del pasado ejercicio, que incluyó 1.041 de acciones de control, centradas especialmente en garantizar la seguridad de las instalaciones industriales y en corregir los incumplimientos de los requisitos legales exigibles para el desarrollo de su actividad.

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné, resaltó que "hemos reforzado la labor inspectora con dos objetivos fundamentales, garantizar la seguridad industrial y minera, para reducir el riesgo de los trabajadores y usuarios de las instalaciones, y corregir los problemas de incumplimiento de requisitos normativos, para luchar contra la competencia desleal".

Piné avanzó que el Plan anual de inspecciones de 2021 completará el examen inicial de las 2.000 empresas sospechosas, "centrando los esfuerzos en la detección y regularización de las empresas clandestinas, lo que supone defender frente a la competencia desleal a la mayoría de empresas que sí cumplen con sus obligaciones".