Demoras en la recogida de pacientes condicionada a que las ambulancias vayan completas para realizar el traslado, superando el aforo permitido, falta de personal y errores de organización provocan graves perjuicios a los usuarios del hospital Virgen del Castillo.

La diputada socialista Virginia Lopo ha denunciado el nefasto servicio que está prestando la UTE formada por las empresas Ambulancias Mar Menor, Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez (varias de ellas participadas por filiales de La Generala) en el transporte en ambulancia de pacientes en el Hospital comarcal Virgen del Castillo de Yecla.

"Lo que está ocurriendo con la prestación del servicio de transporte sanitario en el Hospital comarcal Virgen del Castillo de Yecla es una vergüenza, que afecta a la salud de las personas, llegando incluso a olvidar recoger a una paciente de 87 años dejándola más de 4 horas sola a la espera de una ambulancia", ha indicado Lopo.

La diputada socialista ha explicado que la adjudicataria del contrato de las ambulancias dispone de tan solo 12 conductores para atender el hospital Virgen del Castillo, cuando deberían ser 16. "A esto se suma las presiones recibidas por los trabajadores para que no denuncien esta situación, a los que fuerzan a trabajar más horas de las estipuladas y transportar a más personas de las permitidas en cada vehículo, todo ello bajo amenaza de despido o no renovación del contrato".

"No renuevan los contratos de los conductores con experiencia y piden a los Centros formativos de Amusal y Claudio Galeno, trabajadores en prácticas que acaben de obtener la titulación de Técnico en Emergencias Sanitarias, que no hayan trabajado antes como conductores de ambulancias, para hacerles contratos en prácticas", ha afirmado.

El PSRM, desde la adjudicación del contrato a La Generala, ha denunciado los incumplimientos de esta empresa en innumerables ocasiones. "Este servicio supone un coste a la Comunidad Autónoma de 305 millones de Euros, que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos de la Región, también con los impuestos que pagan los usuarios de la sanidad de Jumilla y de Yecla".

Por último, Virginia Lopo, se ha preguntado "¿Hasta cuándo se va a permitir en esta región que La Generala haga lo que quiera para ganar más, en detrimento de un servicio público del que depende la vida de las personas? Las competencias en sanidad son del Gobierno regional de PP y Cs. La prestación de un servicio público como el de transporte en ambulancia no puede ser un negocio más, millonario y rentable para La Generala, y sin mirar por las personas enfermas que lo precisan, porque de su correcta prestación depende su salud y en muchos casos sus vidas"