El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado, por unanimidad, una declaración institucional con motivo del día internacional y europeo de las personas con discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, con el fin de promover una serie de acciones que favorezcan el cumplimiento de sus derechos.
El texto hace referencia a que el movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en España, articulado en el Cermi, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus debido a que junto a las personas mayores, las personas con discapacidad están siendo de los grupos sociales más castigados, en medida desorbitada, por esta pandemia, y no solo por condiciones objetivas, como los estados de salud preexistentes, sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones.
La agenda propositiva que traslada el movimiento Cermi con vistas a esta reconstrucción está atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de discapacidad y por el de género, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres cuidadoras y mujeres con discapacidad mayores, que deben constituir el grupo preferencial de actuación de las políticas de igualdad y de las de inclusión. En este sentido, la declaración institucional señala que las personas con discapacidad y sus familias, y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social y económica de este país, pasa necesariamente por un programa de acción.
Este programa se resume en un decálogo que recoge actuaciones como la creación inmediata de un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad; la activación de las personas con discapacidad; la universalización de la inclusión, disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad; la implantación de la accesibilidad universal; o la creación, sin más excusas o demoras, de un auténtico espacio sociosanitario, como proveedor de bienestar y red de soporte.
La declaración institucional incide que para llevar a cabo todas las actuaciones previstas los fondos europeos, en todas sus expresiones, han de movilizar recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad.