En 2022 la inversión prevista por las bodegas será de 4,8 millones y la subvención concedida alcanzará los 634.000 euros
La Comunidad Autónoma distribuirá cerca de 2 millones de euros entre las bodegas de la Región de Murcia para que desarrollen inversiones tangibles o intangibles en sus instalaciones de transformación y en infraestructura vinícola, así como en estructuras e instrumentos que impulsen la comercialización del vino, como almacenes logísticos. Las ayudas se enmarcan dentro de la medida del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
La Comunidad Autónoma es la encargada de gestionar el pago de estas ayudas, que alcanzarán en 2021 cerca de 1,3 millones de euros y que beneficiarán a un total de nueve bodegas de la Región sobre una inversión de casi 6,5 millones. Para el ejercicio de 2022, la inversión prevista por las bodegas es de 4,8 millones y la subvención concedida alcanzará los 634.000 euros, tal y como se anunció hoy en la videoconferencia de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que participó en consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
El consejero recordó que "la labor del Gobierno regional ha permitido extender de cinco a nueve bodegas regionales las subvenciones, ya que en el marco de la Comisión Sectorial del pasado 6 de octubre, la Región de Murcia solicitó que no se considerara la financiación excepcional de la medida de inversiones (superior a la de anteriores convocatorias), aplicable por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, con el objetivo de que se vieran beneficiadas un mayor número de solicitudes, con menor intensidad de ayuda".
Asimismo, solicitó al ministro Luis Planas "ampliar el plazo de justificación por parte de las bodegas, así como la flexibilización de la definición de las inversiones a desarrollar, dado que deben ajustarse a las nuevas necesidades que demanda el mercado desde que comenzó la pandemia", explicó Luengo.
Las comunidades autónomas son las competentes para evaluar y resolver las solicitudes de inversiones en establecimientos ubicados en su territorio y para elaborar una lista provisional con las solicitudes seleccionadas y priorizadas.
Los fondos disponibles en las convocatorias para cada uno de los dos ejercicios presupuestarios se asignan a las mejores solicitudes de cada comunidad autónoma, proporcionalmente al importe de la ayuda demandada por cada una de ellas en el primer ejercicio en relación al total nacional.