Ciudadanos ha conseguido un nuevo hito en su afán de transparencia y regeneración, al ver aprobado por el Consejo de Gobierno el Código de Conducta para los procesos de contratación pública autonómicos. La iniciativa ha partido de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, que ostenta la formación naranja en el gobierno Regional de coalición, y tiene como objetivo “avanzar en una contratación pública íntegra y transparente”, ha destacado el secretario de Comunicación de la formación liberal, Juan José Molina, quien asegura que el código “avanza en nues tro empeño por recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, reforzando las buenas prácticas y las conductas éticas en este sector”.
El código no solamente tiene como destinatarios a los propios altos cargos y funcionarios, sino que se extiende también a licitadores y contratistas. “Los empresarios estarán obligados a respetar este código y las normas éticas que establece, principalmente no intentar influir en las decisiones de los órganos de contratación, no participar en prácticas dirigidas al falseamiento de la competencia y denunciar tales actuaciones, así como ajustarse a los pliegos en la ejecución del contrato y redactar ofertas realistas que no obliguen a recurrir posteriormente a sobrecostes”, ha destacado Molina. A su juicio, este código “ayudará a prevenir, detectar y combatir conductas deshonestas, y se traducirá en una gestión eficiente del gasto público”.
El código establece como obligatoria la declaración de ausencia de conflicto de intereses para los funcionarios involucrados en las adjudicaciones, así como una redacción de los pliegos clara y comprensible. También introduce medidas para favorecer el acceso a los contratos públicos de las pymes, como la división en lotes, al tiempo que pretende eliminar en lo posible la práctica del fraccionamiento. “Queremos que los criterios de adjudicación se basen en lo posible en factores cuantitativos y menos en los subjetivos. Si hay que hacer juicios de valor, el código recomienda que éste lo realice un órgano colegiado y no solo una persona”, ha añadido el diputado naranja.
Molina ha destacado que el código también va a obligar a sumar a los pliegos objetivos como la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y la innovación: “Queremos que se incorporen criterios ecológicos para impulsar desde este ámbito de la administración la lucha contra el cambio climático”, ha añadido.