El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha asegurado que el Tribunal Constitucional le ha parado los pies al Gobierno regional con la ley de aceleración empresarial. "El Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos, y CROEM pretendían habilitar un procedimiento de urbanismo a la carta para eludir los trámites ambientales y legalizar actividades que no cumplen con la normativa urbanística".

Alfonso Martínez ha hecho estas declaraciones tras las comisiones de Asuntos Generales y Economía Hacienda de la Asamblea Regional, y ha destacado que el Tribunal Constitucional eliminó el artículo de la ley que pretendía evitar la evaluación ambiental para la tramitación de las normas transitorias del municipio de Cartagena.

"En su sentencia, el Tribunal Constitucional deja claro que, para cualquier modificación estructural del ordenamiento urbanístico, son imprescindibles estos trámites ambientales", ha añadido.

Por otra parte, ha dicho que el Gobierno regional pretendía legalizar actividades que no cumplen con los planes urbanísticos municipales con una simple declaración de los gobiernos locales, obviando el trámite obligatorio de modificación del plan que es competencia del pleno municipal.

Tal y como advirtió el PSOE en la tramitación de la ley, esta contenía varios artículos de dudosa legalidad, y así lo avaló el Tribunal Constitucional en diciembre de 2019. "Tras la sentencia, el objeto de la ley que impulsaron PP, Ciudadanos y la CROEM, ha decaído".

En este sentido, el PSOE ha propuesto en la comisión una modificación de la ley para que se tramite de urgencia en la Asamblea Regional y adecuarla a la sentencia del Tribunal Constitucional.