El Gobierno regional y la Asociación Nacional de afectados por la Okupación coinciden en la necesidad de establecer medidas que combatan la impunidad de este fenómeno delictivo que está generando mafias especializadas en la usurpación y el allanamiento de viviendas en España. Ambas instituciones acordaron trabajar conjuntamente para impulsar acciones en este sentido en el ámbito nacional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, mantuvo hoy una reunión telemática con el presidente de la asociación, Antonio Miranda, interesado por el avance legislativo que supone el Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo regional que hoy entra en vigor.

"La okupación no es un derecho", manifestó el consejero que recordó que "el Ejecutivo regional está firmemente comprometido y por eso desde la Región de Murcia practicamos la tolerancia cero de estas prácticas ilícitas, que impactan en la seguridad de los vecinos que las sufren y degradan los barrios que se ven afectados en todo el territorio nacional".

Díez de Revenga y Miranda coincidieron en el diagnóstico del tipo de personas que ocupan viviendas; mayoritariamente son organizaciones delictivas que vulneran el derecho a la propiedad privada consagrado por la Constitución Española. "No se trata de personas vulnerables, porque esos casos están cubiertos por los servicios sociales a través de las ayudas que damos desde las administraciones públicas", afirmó el consejero.

El titular de Fomento agradeció a la Asociación su voluntad de participar en la redacción del Protocolo de detección temprana de la okupación y del Manual de buenas prácticas que está preparando la Administración regional en colaboración con los sectores y profesionales relacionados con la vivienda.