Los sindicatos de enseñanza STERM y CCOO denuncian que Educación está lesionando el derecho a la huelga de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza. La Consejería plantea unos servicios mínimos superiores al 60% en la mayoría de los centros educativos y cercanos al 100% en algunos casos. La pretensión de la administración de que estos servicios mínimos son necesarios para garantizar la seguridad ante la COVID supone el reconocimiento implícito de que el refuerzo de plantillas necesario debe ser muy superior al planteado por la Consejería de Educación. Ambos sindicatos anuncian que recurrirán judicialmente estos servicios mínimos
Murcia, 16 de septiembre de 2020
CCOO y STERM consideran que los servicios mínimos planteados por la Consejería de Educación para la próxima huelga del día 23 de septiembre lesionan gravemente el derecho de las trabajadoras y trabajadores a hacer huelga. Se trata de unos servicios mínimos que, en la mayoría de los centros, van a ser superiores al 60% y que, en algunos casos, van a rondar el 100% de la plantilla de algunos centros educativos.
STERM y CCOO denuncian que estos servicios mínimos responden más a una intención de obstaculizar y reventar la huelga del día 23 que a garantizar el servicio educativo. La argumentación de la administración de que estos servicios mínimos están destinados a proteger la seguridad de la comunidad escolar ante la COVID supone el reconocimiento implícito de que el incremento de plantillas reclamado por las organizaciones convocantes de la huelga es absolutamente necesario. Si, como sostiene Educación, garantizar la seguridad de alumnado y profesorado durante la jornada de huelga requiere unos servicios mínimos como estos, está claro que las plantillas de los centros educativos deben ser muy superiores a las actuales para poder afrontar con garantías la crisis de la COVID-19. De este modo, Educación confirma que, tras años de recortes, la plantilla de la Escuela pública se encuentra bajo mínimos y que los docentes de apoyo son medidas insuficientes.
Ambas organizaciones sindicales lamentan el talante despótico de una administración que, incapaz de plantear un inicio de curso con garantías de seguridad en los centros educativos y la adecuada atención educativa a todo el alumnado, apuesta por obstaculizar la legítima movilización y protesta del profesorado.
CCOO y STERM anuncian que han puesto esta propuesta de servicios mínimos en manos de sus servicios jurídicos para emprender las acciones legales que sean necesarias para poner freno a este abuso.