La portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del PP en el Senado, Violante Tomás, ha pedido, junto a sus compañeros Francisco Bernabé y Juan María Vázquez, que el Gobierno de Sánchez adapte los centros penitenciarios y con ellos los de la Región de Murcia a las necesidades de reclusos con discapacidad intelectual.

En el texto de la moción, se pone en relieve que muchos de los reclusos, que, a día de hoy cumplen condena, pasaron por un juicio sin entender bien lo que sucedía, ni comprendían de qué modo se les juzgaba, puesto que contaban con una discapacidad intelectual que aún no se les había diagnosticado, hecho que "según la Confederación Plena Inclusión supone una vulneración de sus derechos", ha matizado Tomás.

La senadora ha subrayado que "es fundamental que el espacio penitenciario esté adaptado a las necesidades de los reclusos con discapacidad intelectual", por lo que, a su juicio, "el Ministerio de Interior debe apostar por crear módulos especiales que ofrezcan un entorno más adaptado a las necesidades de los reclusos y que sea atendido por un equipo multidisciplinar".

En España solo existen dos módulos de estas características en Madrid y uno en Barcelona, "los centros penitenciarios de la Región de Murcia deberían de contar con módulos especiales para mejorar la situación de los reclusos con estas discapacidades", ha expuesto la parlamentaria popular.

"Estos módulos tienen que estar equipados para realizar talleres, asistencia a clase, participar en asambleas y recibir explicaciones sobre el funcionamiento del sistema, con el fin de que estas personas tengan un trato similar y con la misma garantía de derechos que el resto de presos", ha destacado la senadora 'popular'.

Esta moción también incluye que se estime "la valoración del uso de algunos de los centros de cumplimiento de régimen abierto para personas con discapacidad intelectual que hayan cometido delitos de entidad menor y presenten pronóstico de peligrosidad bajo", además de "garantizar el acompañamiento de la persona con discapacidad intelectual en las actuaciones judiciales, así como el conocimiento por el juez y el fiscal de su condición mediante el traslado de la documentación en poder la Administración penitenciaria", entre otras medidas.