Región

El PSOE exige en los ayuntamientos paralizar la tramitación del decreto ley de medio ambiente

Los ayuntamientos insisten en que se trata de competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma y aseguran que la decisión unilateral del Gobierno regional de desprenderse de una de sus responsabilidades y atribuirla a los consistorios, sin previo diálogo, constituye una falta de respeto y de lealtad institucional hacia las corporaciones locales de la Región

Los Grupos Municipales del PSOE en los ayuntamientos de la Región han mostrado su disconformidad con la atribución de competencias en materia de evaluación ambiental que contempla el decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid 19, aprobado por el Gobierno regional, por lo que han presentado una moción en los consistorios para revertirlo.

En este sentido, indican que se trata de competencias de la Comunidad Autónoma, por lo que es responsabilidad del Gobierno regional garantizar la protección del medio ambiente.

"La decisión unilateral del Gobierno regional de desprenderse de una de sus competencias y atribuirla a los ayuntamientos, sin previo diálogo, constituye una falta de respeto y de lealtad institucional hacia las corporaciones locales de la Región", han señalado.

Explican que, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, el decreto ley del Gobierno regional establece una fórmula que no garantiza la reversión de la competencia en caso de insuficiencia de medios, al dejarla depender de un potestativo "encargo" al órgano ambiental autonómico, que requiere un previo convenio con la Administración regional.

Además, no prevé ninguna fórmula o garantía para los municipios que, aun teniendo más de 20.000 habitantes, no dispongan de recursos suficientes para llevar a cabo las funciones de órgano ambiental determinado por la citada normativa.

Por estos motivos, los grupos municipales socialistas instan al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional a adoptar las iniciativas y acuerdos necesarios para revertir esta atribución competencial, y abrir un proceso de diálogo y negociación con los ayuntamientos sobre este asunto, a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

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