Cualquier modificación de la reforma laboral debe producirse en la mesa de diálogo social, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y sobre todo sus socios de Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, ignoran y desprecian. Especialmente sangrante en el caso de Bildu, formación cuyo origen es conocido y cuyos intereses poco tienen que ver con los de un país del que no se siente parte.
A pesar de los matices que se han realizado después de anunciar la derogación, estamos ante una nueva e indignante maniobra de destrucción del diálogo social y de menosprecio total al papel que otorga la Constitución a los agentes económicos y sociales en el peor momento y escenario.
Tal y como apuntan nuestras confederaciones empresariales nacionales, CEOE y CEPYME, esta maniobra desoye también las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, cosa que en España no se respeta.
Nos encontramos además ante un espectáculo vergonzoso de pactos y matices de pacto, ya que en las últimas horas hemos escuchado afirmaciones en distintos sentidos, unos para dar por bueno el pacto y otros para matizar sus retoques. En cualquier caso, se trata de acuerdos en los que los intereses partidistas se anteponen al general. Esta forma de proceder, que se ha convertido en habitual en el Gobierno, es antidemocrática y de una irresponsabilidad nunca antes vista. Y lo que es peor, traerá más consecuencias negativas a la actividad empresarial y, por tanto, al empleo, por si no fueran suficientes las que lleva consigo la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.
Lo acontecido es contradictorio con la iniciativa del Gobierno de negociar con patronal y sindicatos para implantar medidas de flexibilidad en el ámbito laboral que garanticen la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, sobre todo en los sectores más castigados por el COVID-19. Esta es la única prioridad ahora y el anuncio de derogación de la reforma laboral va en el sentido contrario, puesto que incrementará la rigidez en el mercado laboral y se echarán por tierra los esfuerzos realizados para salvaguardar millones de puestos de trabajo a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Pedro Sánchez logró su investidura a cambio del apoyo de unos socios a los que el bienestar de los españoles les importa poco y que exigen peajes que tienen que pagar las empresas y los trabajadores.
De llevarse a cabo las pretensiones de la coalición que ahora mismo gobierno España, la situación de la economía, de las empresas y de los millones de trabajadores que dependen de ellas, corre serios riesgos de supervivencia.