La Cámara autonómica también aprueba una moción del PP, con el voto en contra de PSOE y Podemos, para pedir al Ejecutivo central que extreme sus medidas de protección a las víctimas de violencia de género durante este periodo de confinamiento

La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Popular, en la que se solicita al Gobierno de la Nación que adopte las medidas necesarias para regular y delimitar la figura del asistente personal en la legislación nacional sobre dependencia.

Sonia Ruiz, defensora de la iniciativa, ha dicho que "la falta de concreción de la norma y la ausencia de una regulación posterior impide que se acceda a esta prestación en igualdad de condiciones y bajo los mismos criterios en todo el territorio nacional".

La diputada "popular" ha explicado que la labor que desempeña el asistente personal es "de apoyo para las personas con discapacidad, encargada de suplir las tareas y actividades que no pueden desarrollar solas o por sí mismas", y ha apuntado que "responde ni más ni menos que al derecho de las personas con discapacidad funcional a manejar las riendas de su vida diaria, de vivir con dignidad y en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos".

"Se trata de una figura que se menciona por primera vez en España en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, para la Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y tres años más tarde, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, también la recoge y define", ha recordado Ruiz, para a continuación afirmar que "la mayoría de las prestaciones del sistema de la dependencia ya existían previamente a la entrada en vigor de la Ley 39/2006, pero la asistencia personal, además de ser excepcional, debería haberse definido, establecer con claridad qué es y para quién va dirigida, e ir implementándose en el sistema de modo preciso y delimitado de otros servicios o prestaciones".

"Para ello, sería conveniente actuar de modo conjunto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para acordar y consensuar una regulación conjunta que evite desigualdades", ha propuesto la parlamentaria "popular", que también ha apuntado que "de hecho, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se llegaron a constituir grupos de trabajo integrados por representantes de las referidas administraciones que estaban sirviendo para analizar los principales escollos de esta prestación y, a su vez, elaborar propuestas con el objetivo de acordar una regulación común". "Sin embargo, el trabajo realizado quedó paralizado tras la irrupción del Gobierno que surgió de la moción de censura: esperemos que se retome y todo el tiempo invertido no sea en balde", ha manifestado.

Sonia Ruiz ha apuntado que "solo 11 comunidades autónomas recogen la figura del Asistente Personal, y observamos diferentes posturas a la hora de compatibilizar esta prestación con otros servicios, formas de acceso a la prestación, requisitos para la contratación, y se echa en falta un coste fijado de la asistencia personal para evitar la competencia desleal, horarios, requisitos de los beneficiarios, etc: un descontrol que ha de atajarse de manera inmediata".

"Apoyamos la petición expresada por COCENFE y CERMI: creemos que es hora de que el Gobierno de Sánchez sitúe entre sus prioridades regular y legislar la figura de la asistencia personal, que, transcurridos trece años desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, continúa en una especie de limbo", ha dicho la diputada del PP en la Asamblea.

"Seamos valientes e impulsemos desde la Región de Murcia que se regule desde el Gobierno central la figura del asistente personal, y coloquemos a nuestro país en el sitio que se merece en materia de paridad. No siempre hace falta ser pionero para ser un ejemplo: nuestro trabajo es ser ese ejemplo", ha concluido Sonia Ruiz.

Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de protección a las víctimas de violencia de género durante el confinamiento.-

La misma Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea ha aprobado también, con el voto en contra de PSOE y Podemos, una moción del Partido Popular en la que se pide al Gobierno de España que extreme las medidas de protección a las víctimas de violencia de género durante el periodo del confinamiento.

Mª. Carmen Ruiz Jódar, impulsora de la iniciativa, ha destacado que "en las últimas semanas en España las llamadas al 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, se han incrementado un 44%, y, según datos del ministerio del Interior, se han registrado 153.000 actuaciones por maltrato y 400 personas han sido detenidas por casos de violencia machista, lo que demuestra que durante el confinamiento las situaciones de violencia de género han aumentado y es necesario reforzar las medidas de protección".

La viceportavoz del PP en la Asamblea se ha referido al reciente Real Decreto contra la Violencia de Género aprobado por el Gobierno de Sánchez, del que ha criticado que "llega tarde y no recoge nada nuevo ante esta situación de confinamiento". "La ministra de Igualdad, Irene Montero, debería preocuparse de adoptar iniciativas propias y no limitarse a hacer seguidismo de las comunidades autónomas", ha dicho Mª. Carmen Ruiz Jódar.

Mª. Carmen Ruiz Jódar ha criticado que "PSOE y Podemos utilicen excusas de mal pagador, como es una enmienda de Vox que mantiene la petición de extremar las medidas de protección contra todas las formas de violencia contra la mujer, para no apoyar una iniciativa que puede comprometer al Gobierno que sustentan".