La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) Región de Murcia denuncia que la Administración obliga al profesorado de las Aulas Abiertas a dejar registro de su teletrabajo de un modo tan demencialmente minucioso que llega a entrometerse en la vida privada de este colectivo y las familias. La desmedida carga de trabajo burocrático que esto supone obstaculiza la adecuada atención a un alumnado que es especialmente sensible.
Las Aulas Abiertas son aulas especializadas, destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales graves y permanentes, que precisan de un apoyo extenso y generalizado en todas las áreas del currículo. Al estar incluidas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación y recibir, por tanto, fondos del Fondo Social Europeo la Consejería debe justificar el empleo de dichos fondos desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de este programa.
Sin embargo, como CCOO Enseñanza denuncia, Educación ha trasladado esta obligación de justificación a las trabajadoras y trabajadores de las Aulas Abiertas de un modo absolutamente demencial y desmedido. Así, la Consejería obliga al profesorado a facilitar la relación de correos electrónicos enviados y recibidos con motivo del teletrabajo durante el confinamiento. También le pide relación de llamadas telefónicas con indicación de fecha, hora, intervinientes, tema y duración, así como extensos y detallados informes sobre utilización de vídeoconferencias y de plataformas electrónicas. Llegando al colmo del disparate la Administración llega a solicitar al profesorado de las Aulas Abiertas capturas de pantalla del registro de llamadas de su móvil personal o de las videoconferencias que ha realizado.
CCOO Enseñanza denuncia el abuso que supone esta fiscalización absoluta de la labor de las y los docentes de las Aulas Abiertas que es más propia de una distopía totalitaria que del legitimo interés de una administración por justificar la utilidad social de los fondos del FSE. La cantidad ingente de datos, registros e informes que se solicitan al profesorado suponen una carga de trabajo burocrático desmesurada y, en ocasiones, una intromisión intolerable en la vida privada de docentes y familias del alumnado.
CCOO Enseñanza ya ha denunciado en múltiples ocasiones el constante menosprecio de la Consejería de Educación a la encomiable labor telemática que están realizando las y los docentes durante la crisis del COVID-19. La Administración, lejos de preocuparse por la falta de recursos con los que el profesorado está desempeñando su trabajo y de las horas de más que está trabajando para garantizar una adecuada atención telemática del alumnado, obstaculiza su labor obligándole a una carga de trabajo burocrático ingente y sin sentido. Es especialmente lamentable que se pongan dificultades y se obstaculice la labor del profesorado de las Aulas Abiertas que, por la propia naturaleza de su alumnado, exige una especial dedicación y que, en un contexto tan difícil como la crisis del COVID-19, está suponiendo un claro sobreesfuerzo para las y los docentes.
CCOO Enseñanza exige a la Consejería de Educación que desista de la fiscalización absoluta a la que está sometiendo a las trabajadoras y trabajadores de las Aulas Abiertas y busque un modo de justificar el empleo de los fondos del FSE que no traslade al profesorado una carga de trabajo burocrático que llega dificultar la adecuada atención al alumnado y se entromete en la vida privada de profesorado y familias.