Tras el cierre de los centros educativos, el pasado 14 de marzo de 2020, toda la información de la que dispone esta asociación apunta a que el periodo de educación telemática no se debe prolongar mucho más. Esta modalidad educativa a distancia ha podido paliar algunas necesidades educativas, pero no ha llegado a una gran cantidad de alumnado, acrecentando el nivel de desigualdades educativas entre nuestra población escolar. Ni estábamos preparados para la educación on-line ni se pudo preparar con los recursos humanos y técnicos necesarios.

En otro orden de cosas, hemos sabido que tras la tercera Conferencia Sectorial de Educación mantenida el 14 de Mayo, se abandona la idea de abrir los centros educativos durante este curso. La educación será el único sector no desescalado.

El panorama es que la desescalada hacia una nueva normalidad está programada para todos los sectores menos para las familias con hijos escolarizados. Viene acompañada de una profunda preocupación e innumerables dudas y temores, a pesar de que, en términos económicos, es una acuciante necesidad para la gran mayoría, esta nueva situación presenta un problema inmediato es el de la conciliación familiar y laboral.

Ya antes de la pandemia, nuestra sociedad era débil en términos de conciliación, y la única estructura fiable para facilitarla era el engranaje constituido por centros educativos y las actividades extraescolares durante el calendario escolar, las escuelas de verano o los campamentos, durante las vacaciones, y los centros de educación infantil para los más pequeños. Las familias sincronizaban casi al minuto los horarios para que nuestros hijos e hijas estuviesen atendidos adecuadamente en todo momento mientras trabajábamos, pero desgraciadamente la crisis sanitaria desmontó de un plumazo toda esta precaria estructura social.

El actual momento ofrece una posibilidad inédita de demandar medidas de conciliación diversas y ofrecidas desde distintos ámbitos, empezando por las propias empresas o entidades de contratación, así como por las autoridades públicas. Desde luego no es de recibo que unos

sectores como los empleos del sector público dispongan de medidas de mucho más alcance que el sector privado. Hay que igualar por arriba pero mientras que no se eliminen las diferencias habrá que resolver los problemas de compatibilidad entre la vida productiva y la de los cuidados sin agrandar aún más la brecha social y de género.

Pero, mientras las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan, deberíamos pasar de la acción inmediata en la atención de las necesidades urgentes a recuperar la escuela como centro de formación y educación, transmisora del conocimiento y habilidades sociales, de compensación social y de entorno seguro de aprendizaje y juego para miles de estudiantes. Para ello hay que afrontar con determinación los retos de seguridad que presenta la apertura de los centros educativos. Habrá que alterar muchas de las rutinas diarias, las entradas y salidas, usos de espacios comunes, agrupamientos máximos, horarios y jornada lectiva, …

Las medidas de adaptación a la nueva normalidad educativa deberán ser distintas para cada centro en función de sus circunstancias. Cada equipo directivo, en coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, y contando con la participación de la comunidad educativa debe planificar cuidadosamente la implementación de las medidas de seguridad e higiene.

La pregunta que nos hacemos es si tenemos la disposición y preparación para abordar todos estos retos que se nos abren o nos mantendremos inmóviles esperando soluciones milagrosas.