STERM Intersindical llevaba desde hace semanas insistiendo en que una vuelta a la actividad lectiva en los centros educativos conlleva más riesgos que beneficios y que, por lo tanto, se trataba de una medida que no atendía a la necesaria prudencia que es necesario tener en estos momentos para garantizar la salud de la comunidad educativa, y por extensión, de toda la ciudadanía.
Tras la reunión el día de hoy de la Conferencia Sectorial, con la presencia del Ministerio de Educación y las consejeras y consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, el anuncio oficial de la Consejería de Educación de nuestra Región es que el alumnado de Enseñanzas de Régimen General (incluida finalmente Educación infantil de 0 a 6 años), de Centros de Educación Especial y de enseñanzas de Régimen Especial no volverán a clase hasta el próximo curso. Si bien, el sindicato pide negociar las condiciones en las que el profesorado deberá volver en 2° bachillerato y aclarar también qué pasará con otras enseñanzas como los últimos cursos de los Grados Medio y Superior de Formación Profesional.
De manera paralela, el Ministerio de Educación ha anunciado la formación de un grupo de trabajo con las CCAA para abordar el desarrollo del curso 20/21, trabajando para ello sobre tres posibles escenarios. Volvemos a insistir, y así se lo hicimos saber en una carta remitida a la Ministra Isabel Celaá el pasado día 12, que se debe convocar una Mesa General de Negociación con los sindicatos y que el Estado debe contribuir con un fondo económico extraordinario que complemente los presupuestos autónomicos para implementar las nuevas medidas en el sistema educativo público.
Para STERM Intersindical la única manera de garantizar la seguridad del profesorado en el regreso a las aulas es contar con ellos en la elaboración del protocolo que incluye las medidas higiénico-sanitarias y organizativas que se deberán aplicar para atender al alumnado de manera presencial, pero también telemática. Para el sindicato estas medidas no pueden pasar ni por sobrecargar de tareas a los equipos directivos ni por terminar de saturar al profesorado, por lo que la Administración deberá garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la atención educativa del alumnado.
Por último, el sindicato pide a la Consejería de Educación que tanto en los institutos que son competencia directa de su administración como en los colegios en coordinación con los Ayuntamientos se dote de los recursos necesarios para afrontar la limpieza de las instalaciones educativas sin que esta responsabilidad recaiga una vez más sobre los equipos directivos que, en algunos casos, se han visto obligados a realizar ellos mismos las tareas de limpieza para proceder a la apertura de los centros, y así mismo, garantice que ningún centro educativo podrá abrir sus puertas sin que se hayan realizado las labores de desinfección necesarias.