La Asamblea Regional convalida el Decreto Ley que exonera del pago de más de 80 tasas y aplaza tres meses los tributos autonómicos propios y cedidos lo que supone un ahorro de más de 4 millones de euros.
"López Miras se ha anticipado, una vez más, poniendo en marcha medidas de alivio económico para afrontar la crisis del coronavirus", afirma Guardiola.
"Con este Decreto Ley que acabamos de aprobar, el Gobierno regional libera a los ciudadanos de la Región de pagar impuestos y tasas autonómicas durante el estado de alarma", así ha resumido la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Guardiola, el efecto de la norma convalidada hoy por el pleno del parlamento regional que supone "un ahorro de más de 4 millones de euros a los murcianos" al exonerar del pago de más de 80 tasas autonómicas. Además, ha explicado que se aplaza el pago de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sobre el juego y los tributos medioambientales.
El Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia Tributaria y de Agilización de Actuaciones Administrativas debido a la crisis sanitaria por la Covid-19 y la abstención del Grupo Mixto.
"Es una medida que aliviará el bolsillo de muchas familias que lo están pasando mal ante la crisis económica, laboral y social, sin precedentes que arrastra la emergencia sanitaria del coronavirus", ha afirmado.
Miriam Guardiola ha destacado también del Decreto Ley "los mecanismos" que articula para "la simplificación y flexibilidad de cualquier trámite ante la Administración Tributaria. "Se han habilitado medios telemáticos para descargar de burocracia las gestiones administrativas", de tal manera, que "los trámites puedan realizarse desde casa sin se tenga que poner en riesgo la salud"
Para la viceportavoz del PP en la Asamblea Regional, "Fernando López Miras se ha anticipado, una vez más, poniendo en marcha medidas de alivio fiscal, que ayuden a dar estabilidad económica a las familias".
Esta forma de actuar "ágil y rápida" ha dicho que es también una forma de "evitar colapsos o congestiones en la administración tributaria e impulsar las relaciones telemáticas e informáticas con los colaboradores sociales representantes de los contribuyentes y suponen un ejemplo de eficacia y celeridad en la gestión".
Además, considera que refuerza "el compromiso con la seguridad jurídica y económica, un nuevo paso en la eliminación de trabas burocráticas y unas relaciones más flexibles con la Administración Tributaria".