Con 52.728 empleos menos, el educativo es el cuarto sector donde más empleo se pierde tras la construcción, la hostelería y los servicios administrativos. CCOO pide que se apliquen las medidas aprobadas por el Gobierno para evitar los despidos, así como el cumplimiento de los contratos firmados por las administraciones públicas con las entidades prestatarias de servicios.

Los datos de empleo difundidos ayer el Gobierno ayer confirman la destrucción de puestos de trabajo en el ámbito educativo, especialmente en la educación infantil y los sectores socioeducativos.

Durante los días previos a la declaración del estado de alarma ya se empieza a sentir el descenso en el empleo, pero es a partir del 12 de marzo cuando se registra una caída del 5,24%, con 52.728 trabajadoras y trabajadores menos en el sector.

Si atendemos a los datos de afiliación media, que tienen en cuenta el promedio de las personas que estaban en situación de alta, vemos que el descenso es de un 1,52%, 15.255 personas menos respecto al mes de febrero.

Comparando los últimos diez años, durante toda la crisis económica y la progresiva recuperación de empleo en el sector en las mismas fechas, se puede constatar que este nunca ha disminuido entre los meses de febrero y marzo, lo que sin duda es una muestra de los efectos que la crisis del COVID-19 está teniendo en el ámbito de la educación en nuestro país.

Este dato aparece desagregado por sectores y comunidades autónomas y marca una tendencia que, con toda seguridad, se consolidará con los próximos datos. 

La Federación de Enseñanza de CCOO se dirigió a la Ministra de Educación y Formación Profesional el pasado día 12 de marzo para advertir de que, tras el cierre de los centros educativos en varias comunidades autónomas, muchas empresas de servicios educativos estaban aprovechando para rescindir contratos, y que la destrucción de puestos de trabajo se estaba produciendo en actividades con mayor feminización y precariedad.

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que la crisis del Coronavirus-COVID19 está siendo la excusa para cebarse con los sectores educativos con el personal más desprotegido, y pide que se apliquen las medidas aprobadas por el Gobierno para evitar los despidos, así como el cumplimiento de los contratos firmados por las administraciones públicas con las entidades prestatarias de servicios.